El pasado mes de noviembre el mundo rebasó la cifra de 8 mil millones de habitantes, fecha que coincidió con la resolución adoptada hace 50 años por la Naciones Unidas para crear el Fondo Mundial de Población (UNFPA), el que desde entonces ha acompañado a México en el diseño e implementación de una política de Estado que ha logrado consolidarse con acciones sustantivas en la evolución demográfica y en el desarrollo de las políticas de población.
En 1974 se promulgó la Ley General de Población, una legislación con un enfoque humanista y de derechos que, por medio siglo, ha tenido resultados estructurales. Por ejemplo: la tasa de crecimiento de la población pasó de 3.5 % anual a 1 por ciento; la tasa de fecundidad pasó de 7 hijos por mujer a 2.1; la tasa de mortalidad infantil pasó de 76.7 a 12.8 fallecimientos por cada mil nacidos vivos; la razón de mortalidad materna descendió más del 40 por ciento; la tasa de embarazo de adolescentes se redujo a la mitad, al pasar de 134 nacimientos por cada mil adolescentes, a 68 nacimientos por cada mil; el aborto se convirtió en un derecho por decisión de la mujer en 10 entidades del país. Hoy la familia mexicana es más pequeña, al registrar 3.4 integrantes en promedio.
En cinco décadas la esperanza de vida aumentó 16 años para las mujeres mexicanas y 15 años para los hombres. Cambió la estructura poblacional, la edad mediana pasó de 15 a 29 años de edad. Hoy, 38 por ciento de la población son personas adultas (30 a 59 años). El envejecimiento de la población es inminente, la tendencia actual va hacia una feminización de la vejez.
Sin embargo, la política de población enfrenta nuevos desafíos: atender los cambios derivados de la pandemia del SARS-CoV-2, que trastocó el orden mundial, incrementando las tasas de mortalidad y el descenso de los años de esperanza de vida al nacer; posponer la edad de la maternidad y la paternidad, en momentos en que cada día ocurren más de mil nacimientos de adolescentes menores de 19 años y la grave situación que representa el registro de más de 9 mil niñas madres menores de 14 años en nuestro país; erradicar la violencia sexual, el machismo, el matrimonio obligado, las uniones y la maternidad infantiles.
Ello debe acompañarse de políticas y acciones para la reactivación económica sostenible para desconcentrar las ciudades y distribuir equitativamente a la población. Fomentar la inclusión escolar y laboral, sobre todo en las mujeres, para promover su movilidad social y así anticiparnos al envejecimiento de la población.
El reto es combatir la desigualdad y la exclusión social; extender los derechos sexuales y reproductivos a la población que vive en las zonas apartadas, a niñas y mujeres de comunidades indígenas (19 por ciento) y afromexicanas (2 por ciento), a las personas con discapacidad (5.1 por ciento) y de la diversidad sexual (LGBTI+) (5.3 por ciento).
Las políticas de población deben atender, además, a las personas víctimas del desplazamiento forzado interno, a inmigrantes y a la población mexicana de retorno.
Al sumar más de 8 mil millones de habitantes en el mundo, se abren nuevos retos demográficos, pero también un mundo de posibilidades infinitas, en el que la población mexicana debe aprovechar los avances hasta ahora alcanzados en el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
