Tras 193 años de discusiones y demandas ciudadanas, en diciembre de 2015 se alcanzó una reforma que transformó la naturaleza jurídica del Distrito Federal, para dar paso a una nueva entidad federativa: la Ciudad de México, la cual podría establecer su propia Constitución para consolidar su autonomía política, brindándole facultades para organizar su estructura política y administrativa, bajo la forma de gobierno republicano, representativo y laico.
Fue hasta el 31 de enero de 2017, cuando la Asamblea Constituyente de la Ciudad aprobó y expidió la primera Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue promulgada el 5 de febrero de ese año y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018.
La Asamblea Constituyente marcó un parteaguas en la discusión plural, política y de cultura cívica en la capital y en el conjunto del país, quedando marcada por tres sellos distintivos: integrarse por una mayoría política de las izquierdas, que rompió con la hegemonía partidista; al establecer el primer parlamento abierto, con lo que cientos de ciudadanos promovieron iniciativas y participaron en audiencias públicas y al realizar una consulta innovadora a nivel mundial, a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de acuerdo a las normas emitidas por la ONU.
El proceso constituyente fue el resultado de un esfuerzo colectivo y de la lucha de muchas generaciones de capitalinos por la democracia y las libertades políticas, que se abocaron a democratizar el país y a la Ciudad de México. Desde los movimientos estudiantiles de 1968 y de 1971, los procesos de organización ciudadana generada por el sismo de 1985 y los plebiscitos ciudadanos por la democratización de la ciudad.
A 5 años de su aprobación, la Constitución de la Ciudad de México ha cimentado su legitimidad, atendiendo los intereses y aspiraciones de los ciudadanos, apostando por el desarrollo sustentable y el usufructo equitativo de la Ciudad para que los usos del suelo, los espacios públicos y los bienes públicos y privados den prioridad al desarrollo y a la cohesión social, donde el interés público debe prevalecer sobre el interés privado y donde el suelo y la propiedad cumplan una función social que permita el disfrute de la Ciudad y la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la comunidad en su conjunto.
La Constitución plantea a la Ciudad como el espacio donde las personas desarrollan su identidad y su ser colectivo, se garantizan las libertades y los derechos para fortalecer un Estado con responsabilidad social para abatir la pobreza y la desigualdad, estableciendo la dignidad humana como principio rector, a los derechos humanos como fundamento y la participación ciudadana como motor de la gobernanza democrática.
Contra todo pronóstico, la Asamblea Constituyente cumplió su cometido, derrotando las expectativas de quienes apostaron a su fracaso. Fue un ejercicio político plural que dio cuenta de la madurez de la ciudadanía capitalina y de que es posible construir acuerdos pese al clima de polarización que ha caracterizado durante las últimas décadas al país, valor central de ese proceso que se debe reivindicar para mantener estos principios como parte sustancial de nuestra identidad política.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
