Durante estos cuatro años de gobierno hemos trabajado para construir una cultura para el respeto y garantía de los derechos humanos en nuestro país. Partimos de reconocer la dolorosa herencia derivada de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que fueron negados por administraciones anteriores.
Una de las bases para edificar este proceso reside en retomar la memoria y verdad respecto a los agravios cometidos por el Estado, en un ejercicio participativo, plural e incluyente, entretejiendo la memoria social a fin de romper inercias, resistencias, prácticas de ocultamiento y de agravio a las víctimas, sus familias y comunidades para ir sanando heridas que prevalecen desde hace muchos años.
El Estado debe garantizar el ejercicio de la memoria pública y fomentar en la sociedad narrativas con el aporte de las personas que sufrieron estas injusticias; de los sobrevivientes, sus organizaciones y colectivos, la academia y otros sectores de la sociedad, sin pretender crear verdades oficiales, por el contrario erradicando las verdades únicas, para abrir paso a interpretaciones diversas de los hechos, de los protagonistas que sufrieron los hechos de violencia y de represión en los años ominosos de nuestro país.
Desde 2018 se ha implementado una política contra el olvido y el silencio, preservando y abriendo archivos y otras pruebas relativas a violaciones de derechos humanos por el derecho al acceso a la justicia, la verdad y no repetición.
En 2021, se conformó la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990 y, este año se ha sometido a debate la elaboración de una iniciativa de Ley General de Memoria, cuyo objetivo es establecer los principios, criterios y obligaciones del Estado para garantizar estos derechos, respetando la independencia de las víctimas, sus familiares y organizaciones, así como a quienes defienden los derechos humanos y las instituciones que desde la academia procuran la búsqueda de la verdad.
En el mes de septiembre del presente año, en un hecho sin precedente, se abrieron las instalaciones y los archivos del Campo Militar No. 1 a escrutinio de esta Comisión y de diversas víctimas. A principios de diciembre se iniciaron los Diálogos por la Verdad Guerrero, donde sobrevivientes de la Guerra Sucia y familiares de las víctimas hablaron de sus experiencias, en un ejercicio de dignificación de su memoria y de su lucha, dando cuenta de una huella indeleble que sigue clamando verdad y justicia, entretejiendo una historia colectiva para que el oprobio que enfrentaron se encamine hacia la reconciliación y la justicia.
La memoria mantiene viva la utopía de las aspiraciones por las transformaciones sociales. Se trata de un derecho que el Estado debe garantizar. La recopilación de la memoria histórica debe evitar el prejuicio, el estigma y la criminalización. En América Latina y el Caribe, existen 13 países, que desde 2006, han trabajado en ello. La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños que representa una iniciativa heterogénea, con historias políticas y conflictividades diversas que han ayudado a sus países y a la región en consolidar este ejercicio, con los que compartimos experiencias para avanzar en la Ley General de Memoria.
No se pretende construir una memoria oficial. No creemos en verdades únicas. Entendemos la política de memoria, como un ejercicio público, de ruptura con un pasado doloroso que impacte en el presente y el futuro de la sociedad y de las instituciones de nuestro país, para que nada de esta dolorosa historia vuelva a suceder.
