El pasado 1º de septiembre, durante la instalación de la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, en acuerdo con la Jefa de Gobierno entrante, Clara Brugada, presentó como iniciativa preferente, un conjunto de reformas a la ley que regula al Poder Ejecutivo y la administración pública local.
Se trata de una reforma de fondo, que contiene cambios sustantivos en el ejercicio gubernamental, en la definición de políticas públicas y de los programas sociales y de infraestructura, en particular en la relación de la autoridad con la ciudadanía.
En ésta, se propone la creación de tres nuevas secretarías: del Agua, de Vivienda, y la de Atención y Participación Ciudadana, y la reconversión de la actual Seduvi, en la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.
Esta última tendrá como objetivo, retomar la disposición constitucional de planear la ciudad a futuro, dejando atrás el día a día y las limitaciones que imponen los proyectos sexenales que han regido hasta ahora, haciendo del territorio y su ordenamiento el eje articulador de las políticas públicas en materia de desarrollo urbano, preservación del medio ambiente, desarrollo económico y bienestar social, promoviendo, además, la estrategia planteada por la Jefa de Gobierno electa: la coordinación y cooperación con los estados que conforman la metrópolis.
La Constitución de la Ciudad, avanzó en concebir una visión de largo plazo en la planeación del desarrollo de la ciudad con la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que tiene la tarea de planear la ciudad a 20 años, a partir de definir un Plan General de Desarrollo, el Programa de Ordenamiento Territorial y una Ley del Ordenamiento Territorial que obligará a su cumplimiento, sobre lo que se ha venido avanzando y será sometido a una amplia consulta pública.
Se busca ordenar el crecimiento de nuestra ciudad, a partir de reordenar la situación actual y un crecimiento planeado, que ponga en el centro a las personas, con un desarrollo económico que genere empleo y políticas adecuadas para el cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales y el bienestar de las personas, en especial de quienes requieren del apoyo de la autoridad.
Que considere la cercanía entre la vivienda de las personas y sus centros de trabajo, disminuyendo los tiempos de traslado, así como infraestructura social y de servicios, espacios públicos, culturales, recreativos y deportivos que contribuyan a generar comunidad.
Se busca garantizar el derecho y disfrute de la ciudad a todas las personas, para lo cual se creará el más ambicioso sistema público de cuidados, que reconozca y atienda la enorme labor que las mujeres desarrollan en beneficio de la ciudad y sus familias.
La Jefa de Gobierno ha instruido avanzar en una mejor y eficaz coordinación entre las secretarías que atienden los asuntos de movilidad, vivienda, trabajo, bienestar, desarrollo económico, gestión del agua, protección del medio ambiente y gestión de riesgos, por lo que los programas estratégicos en la ciudad tendrán un enfoque integral y no como polos aislados.
De igual manera, la Jefa de Gobierno invertirá esfuerzos en crear una sólida Coordinación Metropolitana. Las fronteras jurídicas que delimitan a la Ciudad de México de los estados de Hidalgo, Edo de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y la coordinación con el gobierno federal, no deben ser un obstáculo para encarar problemas comunes a la metrópolis; como lo son la seguridad ciudadana, la movilidad, la gestión del agua o la protección al medio ambiente.
La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, son la llave a la solución de nuestros problemas compartidos. Más allá de una mal entendida autonomía de cada entidad federativa, podemos enfocar los esfuerzos para fortalecer los lazos, dejando atrás las fronteras jurídicas para hacer programas de alto impacto metropolitano.
Comisión de Transición del Gobierno de la Ciudad de México