Desde la década de los 80 la disputa por el respeto a los derechos humanos en México se ha constituido en uno de los temas centrales de la agenda nacional ante las violaciones y omisiones recurrentes del Estado mexicano.
A partir de entonces se creó un vasto entramado legal e institucional para su ejercicio, sin embargo, el Estado, lejos de enfrentar su responsabilidad, fue incapaz de desarrollar políticas públicas y capacidades para garantizarlos, y en muchos casos, las instituciones creadas se constituyeron en un aparato de contención para asegurar la impunidad y la estructura de dominación.
En los últimos cuatro años, el Gobierno de México ha impulsado una transformación, no exenta de inercias y resistencias, para revertir esta situación.
Partimos de reconocer y encarar la dolorosa herencia recibida resultado de la guerra contra el narcotráfico y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que generó una crisis humanitaria en el país. Asumimos que el Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, en la protección a los grupos vulnerables de nuestra sociedad y en la garantía de los derechos humanos.
Reconocimos la magnitud de esta tragedia y asumimos el compromiso de enfrentar esta situación sin simulación, construyendo las capacidades institucionales para revertir esta situación, poniendo siempre en el centro la atención a las víctimas.
Para ello se ha impulsado una política nacional que coordina las acciones de las instituciones públicas del gobierno federal de manera transversal, con perspectiva de género, con el firme propósito de crear una cultura institucional para que el Estado garantice la defensa, protección y ejercicio de los derechos humanos.
Esta política parte de reconocer el derecho a defender los derechos humanos, el derecho a la identidad como derecho primario, el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derechos a respetar los bienes y tradiciones de las comunidades indígenas y a vivir dignamente en una sociedad de respeto, con instituciones sólidas y leyes que permitan al Estado cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio de derechos humanos y atender a las personas que han sido violentadas en sus derechos.
Los retos aún son muchos para superar la crisis humanitaria de manera integral, como parte de la política pública nacional que involucre a los distintos poderes de la Unión y a los gobiernos estatales y municipales, para que los derechos humanos sean una realidad para las personas.
El objetivo es crear una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos en el Estado mexicano y sus instituciones, formar una nueva generación de servidores públicos para su defensa, con una fuerte presencia territorial que permee en cada persona, familia, comunidad a fin de regenerar nuestras formas de convivencia social, y fortaleciendo los valores de ética, tolerancia, respeto y reconocimiento a nuestra diversidad y diferencias.
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