Ayer me topé con una nota publicada en un medio digital que afirmaba: “La 4T abre con derrota 2024”, en alusión a la no ratificación de Ernestina Godoy Ramos, como fiscal general en la Ciudad de México por el Congreso local, pretendiendo presentar como un triunfo, por demás pírrico, la concreción de un hecho deleznable fundado en un intento de extorsión política.
El debate sobre la ratificación de la fiscal dio visibilidad al alto nivel de descomposición al que han llegado los partidos opositores en esta ciudad, quienes condicionaron otorgar los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada a cambio de obtener impunidad a dirigentes de sus partidos que han cometido distintos delitos.
En 2018, la ciudad atravesaba por un momento crítico en torno a temas de seguridad y procuración de justicia que exigían cambios sustanciales en la conformación de la primera fiscalía autónoma en la ciudad, para erradicar la opacidad en la actuación de la autoridad y la eliminación de las viejas prácticas que permitieron la impunidad. Se comenzó por combatir en primera instancia la corrupción interna, la mala atención a las víctimas, y se impulsó el trabajo coordinado con otras instancias, así como el respeto a los derechos humanos a partir de un nuevo modelo de investigación.
Con ello se redujo la violencia, la impunidad y la corrupción. Se fortaleció la perspectiva de género y se comenzó a dar atención a la violencia contra las mujeres, generando investigaciones bajo los protocolos de feminicidio, creando la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, reduciendo en 18 por ciento el delito de feminicidio.
Se disminuyó en más del 60 por ciento los delitos de alto impacto, principalmente, los delitos relacionados con homicidios dolosos. Durante este proceso fueron destituidos 128 ministerios públicos, 25 peritos y 179 policías de investigación, por actos de deshonestidad y/o traición al servicio público.
En este contexto, se iniciaron investigaciones contra la corrupción inmobiliaria atendiendo denuncias sobre bienes inmuebles a nombre de funcionarios públicos obtenidos a cambio de licencias o cambios indebidos al uso del suelo, lo que puso al descubierto una red de políticos que lucraron con el uso de suelo y los fondos de los seguros contra desastres, vinculados a las alcaldías de los partidos que votaron en contra de la ratificación de la fiscal, que dieron lugar a procesos penales. A la fecha, se han vinculado a proceso a exfuncionarios públicos, incluidos dos directores generales que han aceptado su responsabilidad y se ha obtenido sentencias condenatorias, recuperándose 10 inmuebles con un costo de más de 100 millones de pesos.
El cártel inmobiliario y su red de corrupción desataron una guerra política y mediática contra la fiscal Godoy a fin de encubrir estos negocios turbios, llegando al extremo en el que una minoría de legisladores se unió en torno a complicidades para protegerse a sí mismos, asumiendo la impunidad como un privilegio de esa clase política.
Por más diferencias que se tengan en la política, es absurdo festinar una maniobra política que favorece la impunidad. Lo que debe destacarse es que la Fiscal General no cedió a la extorsión de la que pretendían hacerla objeto, lo que resulta inimaginable para quienes mantienen una visión patrimonialista de la función pública donde han asumido este tipo de delitos como prácticas normales. La impartición de justicia es un asunto de la mayor trascendencia que debe atenderse con ética e inteligencia, y Ernestina Godoy ha asumido dignamente su compromiso con la justicia.
