Heredera de la Corte Permanente de Justicia Internacional creada por la Liga de las Naciones, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebra su setenta y cinco aniversario.
Desde 1946, la CIJ ha sido el foro por excelencia para que los Estados, en una posición de igualdad soberana, resuelvan sus diferencias de manera pacífica. Como uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, es el único tribunal internacional que puede pronunciarse sobre cualquier materia de derecho internacional respecto a disputas o consultas presentadas por los 193 Estados parte de la Carta de las Naciones Unidas.
La Corte está conformada por quince jueces independientes elegidos por los Estados parte de entre los más reconocidos expertos en derecho internacional.
Su primer caso lo resolvió en 1949, relativo al estrecho de Corfú, en el que se reclamó que explosiones en aguas albanesas causaron daños a buques británicos. La Corte confirmó la responsabilidad de Albania y, entre otras cuestiones, confirmó la existencia de un derecho de paso inocente: una institución que ha sido ampliamente codificada en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La delimitación territorial y marítima ocupa un lugar privilegiado en la agenda de la Corte. Por ejemplo, actualmente la Corte tiene pendientes de resolución siete casos relativos a disputas territoriales y marítimas. Entre ellos destaca la controversia territorial, insular y marítima entre Belice y Guatemala iniciada en 2019. Dadas las implicaciones que el caso podría tener para México por la frontera compartida con ambos países, la Cancillería le da un seguimiento puntual.
La Corte también ha resuelto casos contenciosos y consultivos sobre asilo, pago de indemnizaciones por daños, derechos de pesquería, protección dipomática y consular, ensayos nucleares, prevención del genocidio, uso de la fuerza y autodeterminación de los pueblos.
Después de siete décadas, la Corte es hoy un recurso para que los Estados puedan demandar el cumplimiento de una obligación internacional y prevenir daños irreparables a los individuos, sin que sea necesario que las víctimas sean nacionales del Estado que demanda ni que las violaciones ocurran en su territorio. Recientemente, la Corte admitió una demanda de Gambia en contra de Myanmar por supuestas violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, por hechos perpetrados contra una minoría étnica y religiosa que se atribuyen al ejército de Myanmar.
Si bien la Corte sólo conoce de litigios entre Estados, es esencial tener en cuenta que hay una multiplicidad de obligaciones interestatales que se entrelazan con los derechos de las personas. Así, al aclarar el derecho en vigor y las obligaciones de los Estados, las decisiones de la CIJ pueden tocar la vida de los individuos y afectarla positivamente.
Un claro ejemplo de eso es la demanda presentada por México en 2003 contra violaciones de los Estados Unidos a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La Corte falló a favor de México en el conocido “caso Avena” y, entre otras cuestiones, determinó que la Convención, sin ser un tratado de derechos humanos, contiene derechos en materia de notificación y acceso consular tanto para el Estado, como para sus connacionales. Se trata de una decisión de gran relevancia en el contexto de la protección de los derechos de la diáspora mexicana en Estados Unidos.
La Corte es relevante para México como mecanismo para la solución pacífica de controversias y como espacio de primer orden para confirmar la tradición jurídica y diplomática mexicana en el desarrollo del derecho internacional. México ha contribuido, y debe seguir contribuyendo, con el trabajo de la Corte. Entre los 109 jueces que ha tenido la CIJ, cuatro han sido mexicanos: Isidro Fabela (1946-1952); Roberto Córdova (1955-1964); Luis Padilla Nervo (1964-1973), y Bernardo Sepúlveda Amor (2006-2015), quien fungió como vicepresidente de 2012 a 2015.
En sus primeros 75 años de trabajo, la Corte ha demostrado que la paz y la solución de controversias por medio del derecho son aspiraciones al alcance de los Estados. Sirva este aniversario para sumar votos por su fortalecimiento y por la creciente participación de México en el mismo.
Consultor jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores
