Castigo a los culpables, reparación del daño y garantías plenas de seguridad para todas las personas en la región: eso es lo que demandamos, lo que exigimos en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, así como de Pedro Eliodoro Palma, en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara.
Fin a la impunidad, respeto a los derechos de las víctimas y medidas efectivas de no repetición: eso es lo que demandamos, lo que exigimos en todos los casos de ejecuciones, desaparición de personas, feminicidios y demás violaciones graves a los derechos humanos en todo México.
En efecto, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua es igualmente importante, preocupante, lacerante e indignante que cualquier otro de los cientos de miles de agravios que se han acumulado en México en los últimos años.
Todas las personas somos igualmente dignas y por lo tanto nuestras vidas tienen exactamente el mismo valor moral.
Sin embargo, como lo ha señalado en estos días el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., rector de la Universidad Iberoamericana CDMX, el asesinato de sus hermanos jesuitas en Chihuahua se ha convertido ya en un “caso paradigmático”; es decir, uno que muestra tendencias y que desnuda y visibiliza problemas estructurales.
Los casos paradigmáticos han sido históricamente importantes en la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos y otros reclamos sociales porque tienen el potencial de generar dinámicas de demanda social amplias y potentes que, por lo mismo, pueden generar efectos profundos, sistemáticos y efectivos de parte de las autoridades. De esta manera, los casos paradigmáticos pueden tener un impacto más allá de los casos específicos en que se basan.
El asesinato de los jesuitas en Cerocahui nos lleva entonces, irremediablemente, de nueva cuenta, a poner el dedo en las llagas que más nos duelen en México desde hace ya más de quince años: las violencias, la impunidad, la falta de respeto a los derechos de las víctimas y la falta de voluntad y de capacidades de las autoridades (en todos los órdenes, de todos los poderes y de todas las orientaciones políticas) para poner en práctica medidas eficaces de no repetición.
En el marco de una serie de violencias profundamente arraigadas en el tejido social, con la militarización de la estrategia de seguridad y de una violencia oficial institucionalizada, las autoridades de administración e impartición de justicia fallan en su responsabilidad de investigar y sancionar a quienes cometen violaciones a los derechos humanos. Por su parte, las víctimas prácticamente nunca conocen la verdad, no gozan del acceso a la justicia y no reciben reparación, y las autoridades muestran su falta de voluntad y de capacidades no solamente para investigar y sancionar o para hacer pública la verdad y reparar el daño, sino también para implementar reformas o políticas públicas de gran calado, que cambien las cosas de manera que no se repitan hechos similares en el futuro.
Este diagnóstico está ya claro desde hace mucho tiempo y las demandas correspondientes por parte de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas de la academia, iglesias y órganos internacionales se han hecho una y otra vez, a todo pulmón, por todos los medios posibles.
Es en este tipo de situaciones en que los casos paradigmáticos cobran relevancia: tienen el potencial de amplificar las demandas sociales y modificar las dinámicas de este tipo. Son importantes porque al tener mayor difusión pueden propiciar una respuesta social amplia; pueden animar demandas generalizadas y potentes, y establecer exigencias puntuales a las autoridades.
El número de voces políticas, de organizaciones sociales y religiosas y de todo tipo que se han pronunciado abiertamente condenando los hechos y exigiendo justicia en el caso de Cerocahui es amplio. Esperemos que toda la sociedad mexicana se indigne y que, a una sola voz, exijamos justicia, no solamente en el caso de Javier Campos y Joaquín Mora, sino ante la situación generalizada de violencias, impunidad, incumplimiento de los derechos de las víctimas y falta de voluntad y capacidades de las autoridades. Esta tendría que ser la gran demanda social en el México de hoy.
Vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana, CDMX
