Apenas fue cuestionado el presidente López Obrador sobre el espionaje que realizan las Fuerzas Armadas de su gobierno en contra de periodistas, cuando éste dijo que no es espionaje sino servicio de inteligencia por parte de la Sedena, que recientemente sufrió un ataque cibernético en el que extrajeron por lo menos seis terabytes de información. La complejidad de la denuncia por espionaje es precisamente la validación de ésta. Hace unos días que el Presidente aceptaba haber sido objeto del ciberataque mientras que hoy en día niega la veracidad del contenido.
La Ciudad de México que ha sido la zona de seguridad para muchos periodistas en los últimos sexenios está resultando insuficiente. Si la información recabada es correcta estamos viviendo un momento particularmente oscuro para el periodismo, ya que el espionaje es absolutamente ilegal aun cuando venga del gobierno. Por otro lado, al cuestionar al Presidente si tenía conocimiento de que la Sedena había adquirido el software llamado Pegasus para espiar a periodistas, él lo negó. Ya sea para no confirmar el espionaje o para negar su posición al respecto; sin embargo, esa declaración dejó una importante postura sobre la mesa. Si el Presidente no ordenó ese espionaje, eso demuestra que la Sedena no obedece al Presidente.
El poder que le ha dado el Presidente a la Sedena está absolutamente rebasado y podrido. Los documentos siguen saliendo a la par que la violencia no se detiene. Los niveles de corrupción crecen por debajo del agua de manera acelerada. La información que se oculta como documentos de seguridad nacional, en realidad está amontonándose como cadáveres en el armario.
El atropello a los derechos humanos por parte del Ejército está expuesto gracias a estas revelaciones. Los correos del Ejército mexicano develan decenas de abusos sexuales en la institución y la impotencia por parte de las víctimas para exigir justicia. Estamos frente a un problema gravísimo en el interior de esta institución que hoy en día es responsable de la seguridad nacional, dejando víctimas internas en sus propias filas.
Los colectivos feministas están también bajo la mira del poder armado del Estado. Hoy en día miran las protestas como un peligro para el gobierno. La distopía nos ha alcanzado, pues estamos ante las puertas del más difícil momento para la libertad de expresión, no hablamos sólo de la posibilidad de expresarnos libremente, sino en la barrera de suprimir todo movimiento para generar un cambio.
Vivimos en la negación de un gobierno que no es capaz de reconocer el más grande de sus errores, capaz de llevar hasta las últimas consecuencias sus caprichos, pero lo que es lo peor de todo es la alienación de las instituciones y cargos. No existe la resistencia como si el mensaje fuera una postura absolutamente lineal, no parece haber un freno; y de tener más poder el poder, pasaríamos a la oscuridad total.
Hoy, de manera optimista creo que el cambio aún está en los ciudadanos, en los que leen esta columna, en los que vislumbran el peligro y los que quieren un mejor país. Un país efectivamente digno para todas y todos, pero sobre todo un país con seguridad y calidad de vida. No uno que se enfrenta todos los días como si sólo hubiera dos tipos de personas: “los buenos” y “los malos”, y donde justo, hoy, ante la luz de la opinión pública no sabemos distinguir quién es quién.
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