Para nadie resulta una sorpresa la forma en la que se ha politizado la agenda nacional. El presidente López Obrador ha edificado a lo largo de tres años de gobierno una estrategia claramente mediática entre buenos y malos, verdades y mentiras, chairos y fifís. La polaridad que caracteriza a su gobierno no ha llegado a la parte más alta si recordamos que parte del discurso ha sido principalmente polarizar al punto de la verdad única, la de los otros datos. Nada distinto a otros gobiernos anteriores. Pero justo es este el momento donde la reflexión se vuelve irónica. En 2018, aún como presidente electo, López Obrador sostuvo como promesa de campaña llevar a juicio político a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
López Obrador habla de venganza antes que de justicia. Nuevamente parece la construcción de una acción mediática para reafirmarse a sí mismo como alguien que salva al pueblo. Sin embargo, sería bastante cuestionable tanto la forma como los resultados. Para hacer posible su ocurrencia, de fondo implica una reestructuración de leyes, incluyendo una reforma constitucional.
El gobierno de López Obrador demostró una vez más que son capaces de cambiar la Constitución con tal de lograr sus objetivos porque ya lo hicieron. Se mira con evidente alarmismo que la alineación del poder en el Ejecutivo no parece tener filtros. ¿Podría extender su mandato? ¿Podríamos ver más acciones demagógicas? La respuesta es que todo apunta a que sí.
Esta consulta y su proceso es violatoria de garantías elementales: presunción de inocencia, debido proceso legal, justicia por Tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad. Pero lo que el Presidente quiere no es justicia, sino un nuevo escándalo nacional.
En términos prácticos, parece que el Presidente necesita que se hable de otra cosa y no de los muertos por la pandemia, ni de los muertos por la violencia y el narcotráfico, ni los feminicidios, ni la falta de medicamentos para los niños con cáncer. La excusa siempre circunda alrededor de lo mismo: no han crecido esos números, antes estábamos peor, nosotros tenemos otros datos.
¿Serán juzgados en la misma proporción los miembros de Morena acusados por violación, los funcionarios como López-Gatell por los más de 200 mil muertos y su mal manejo de la pandemia, así como los responsables de los ecocidios ocasionados por Pemex y el Tren Maya?
La consulta del 1 de agosto para llevar a juicio a los expresidentes costará 890 millones de pesos, de acuerdo con el INE. Aunado a esto para que el resultado de la consulta popular sea vinculante, es decir, que realmente se puedan comenzar acciones legales, se necesitaría la participación de 40% de la lista nominal de electores en México, lo que es un aproximado de 37 millones de personas a favor en la consulta.
Esto nos cuesta a los mexicanos lidiar con los caprichos del Presidente. Como si ese recurso no pudiera usarse para más camas en hospitales que nos urgen cada día más ante las nuevas olas de contagio que azotan al mundo, en medicamentos, en apoyos económicos para los que más lo necesitan. No necesitamos por ahora consultas populares, necesitamos acciones para salir adelante de esta crisis mundial. El Presidente debe dejar de pensar que el mundo y México gira alrededor de él.
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