La Ciudad de México palidece y agoniza en movilidad y seguridad. Todos los días surgen y surgen historias sobre las dificultades de trasladarse en transporte público. El metro de la CDMX apenas cubre una parte del circuito que significa esta ciudad, todo lo demás se diversifica. Si el metro es la columna vertebral, ésta se encuentra rota e inconexa. Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) afirma que el 56.19% de los viajes en transporte público en la Ciudad de México se hacen en transporte público concesionado en 28,960 unidades (microbuses). En la encuesta Origen- Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México menciona que “De los 15.57 millones de viajes en transporte público en la ZMVM, prácticamente 3 de cada 4 se usa el servicio colectivo (microbús o Combi).3” (INEGI, 2017). Siendo el Metro el segundo medio de transporte más usado, pero esto es por el limitado alcance que tiene dentro de los extensos márgenes de esta Ciudad.
El colapso del metro es la punta del iceberg dentro de la precarización del sistema de movilidad que tiene esta ciudad. Las concesiones poco reguladas viven una severa crisis desde hace varias administraciones, pero hoy no mejora en lo absoluto. Los intentos por regular los microbuses están lejos de tener un resultado favorable. Claudia Sheinbaum en 2020 propuso sin mucha elocuencia sustituir unidades viejas por nuevas para mejorar las condiciones de movilidad. Su gobierno informó en 2021 que “se realizó la chatarrización de 810 unidades de los 6 mil microbuses que operan actualmente en la capital, como parte del Programa de renovación de unidades de transporte público concesionado, y se les sustituyó por 316 nuevas unidades” Esto no es ni de cerca entender el problema que tiene sumergido al transporte y movilidad de la ciudad. Al igual que su remodelación actual de la Línea 1 de metro, no son solo unidades nuevas lo que se necesita, sino un planteamiento verdaderamente profundo.
La corrupción que existe dentro de las concesiones de microbuses y su falta de regulación es el verdadero cáncer de este problema. La precarización de los derechos laborales y la explotación por parte de los concesionarios son los que orillan a que existan huecos en la legalidad de los trámites necesarios para poder laborar como conductor de estas unidades. Un ejemplo de ello según choferes entrevistados por Regina Islas para un paper sobre los problemas del Transporte Público Concesionado, es que “los entrevistados mencionaron que es muy común la falsificación de licencias porque son muy costosas. La preferencia por licencias piratas, a pesar de los riesgos legales hace notoria la necesidad de un subsidio a esta misma, o de la reducción del costo. El hecho de que muchos choferes prefieran pagar un precio más bajo por una licencia falsa, a pesar de los riesgos legales que esto implica, es una situación que pone en riesgo a los usuarios por tener choferes no registrados legalmente y a ellos mismos por el castigo a ser atrapados ante la ley… Por otro lado, los entrevistados mencionaron que existe un consumo enorme de drogas, sobre todo marihuana, entre los choferes de los camiones debido a que tienen que trabajar hasta 15 horas al día.” Una vez más nos encontramos frente a un problema de seguridad pública.
Inabarcablemente en esta columna podría mencionar por completo la urgencia de mirar todos los problemas que no son solo parte de la ciudad sino que afecta por completo a los que vivimos en ella. Por eso creo que es valioso poner atención de estas aristas que se ven opacadas por la vida política de los que deberían trabajar en resolverlos en vez de hacer campaña.
