Más que sitios seguros, los hogares se han convertidos en espacios en los que las mujeres, adolescentes, niñas y niños conviven directamente con personas agresoras, lo que los coloca en situaciones de alta vulnerabilidad; por ello el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alertó que en México al menos seis de cada diez menores de edad ha experimentado algún método de disciplina violenta en su casa.
El castigo corporal es una de las formas y tratos que a lo largo de las generaciones ha subsistido como un método de corrección para niñas, niños y adolescentes, sin reparar que es una forma de violencia que atenta contra la dignidad, integridad y bienestar.
Estudios científicos han comprobado cómo los castigos corporales y los tratos humillantes son el germen para desarrollar una sociedad violenta. Debemos tener claro que no hay insulto pequeño ni golpe suave; la violencia es una sola y cuando se normaliza desde edades tempranas se convierte en una conducta aceptable para las personas en el largo plazo.
En nuestro país la prevalencia del castigo corporal y humillante como una forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es preocupantemente alta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Niñas y Niños y Mujeres ENIM 2015, el 63 por ciento de los menores de 14 años han sido sujetos de agresión psicológica y/o castigo corporal en su hogar.
Es a partir de ello que la Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, propuesta por UNICEF, establece como un punto prioritario que en las leyes federales y estatales se prohíba y tipifique el castigo corporal.
Punto que ya fue atendido el 12 de enero pasado con la publicación de la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece la prohibición del castigo corporal y humillante contra niñez y adolescencia en el país, así como la obligación de los tres órdenes de gobierno a que tomen las medidas necesarias para erradicar el castigo corporal y los tratos humillantes; además, sanciona a quien realice cualquier tipo de violencia que atente contra la salud, integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes, de manera específica en los centros escolares, con independencia de las infracciones que puedan cometer los docentes.
En 2019, el 81.2 por ciento de las víctimas menores de edad fueron mujeres; en 2020, fue el 80.5 por ciento; en tanto, en el delito de violencia sexual, el porcentaje pasó del 92.1 al 92.8 por ciento, respectivamente.
Un caso que forma parte de estas cifras ocurrió en el Municipio de Ecatepec, Estado de México. Arturo “N” fue procesado el 15 de marzo pasado, por abuso sexual de una bebé de cuatro meses de edad. Fue la madre de la víctima quién descubrió un video almacenado en su teléfono celular, debido a que el agresor tenía vinculada su cuenta de correo a dicho teléfono.
El feminicidio infantil sigue creciendo, de acuerdo con estadísticas oficiales en 2015 se tiene un registro de 50 casos, en tanto que en 2020, se registraron 104 casos.
Un caso de esta violencia atroz lo conocimos hace unos días, ocurrió en el estado de Puebla; fue hallado el cuerpo de un bebé calcinado cerca de las vías del tren. El bebé, de aproximadamente tres meses de edad, también presentaba diversos golpes.
La violencia feminicida infantil crece y sigue acabando con historias, por ello para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes cada sector de la sociedad debe desempeñar un papel crucial y para ello es importante la sinergia entre la iniciativa privada, el sector público y la sociedad civil para generar cambios significativos, necesarios para crear redes de apoyo que protejan a las mujeres, a sus hijas e hijos victimas de violencia, porque de esa manera se podrá evitar que la violencia escale, violencia que incluso arrebata vidas.
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
