“No pasa nada”, “le voy a dar una patada”, “no digas nada”, son algunas de las respuestas que recibieron niñas y niños de entre 3 y 7 años de edad que fueron abusados sexualmente en 18 escuelas públicas y privadas de San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Estado de México, Baja California y de la Ciudad de México, respuestas que evidencian cómo las autoridades escolares siguen considerando que lo que sucede en estos espacios corresponde al ámbito privado, olvidando que en la protección a la niñez todo es del ámbito público.
Hoy en día, la practica institucionalizada de las autoridades educativas, es proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves, como sucedió en los casos documentados de 2008 a 2018 y que tienen que ver con el abuso sexual sistemático y organizado en contra de niñas y niños de 3 a 7 años de edad en escuelas públicas y privadas de siete entidades de nuestro país, historias que contiene el informe Es un secreto. Explotación sexual infantil en preescolares públicos y privados, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.
Se documenta cómo estas escuelas se convirtieron en escenarios para la violencia, en donde las niñas y los niños, incluso de manera colectiva, fueron abusados sexualmente en la dirección, en el salón, en el patio de la escuela, con patrones de violencia inusuales; refieren violencia extrema física y psicológica, violencia que fue grabada y fotografiada por los agresores, por lo que se presume que podría tratarse de casos de explotación sexual infantil en línea.
Debemos tener presente que la pornografía infantil y el turismo sexual infantil son una modalidad de la trata de personas, que a nivel mundial es el segundo negocio ilícito más rentable, solo por debajo del narcotráfico. En el 2010 se reportaba que tan solo en México, la explotación sexual de niños y niñas generaba 24 mil millones de dólares anuales.
En el informe se establece que de los registros internacionales se desprende que 64.8 por ciento de las victimas en casos de explotación sexual en línea son niñas; el 31.1, niños; y en 4.15 por ciento de las imágenes se encuentran niñas y niños.
En el reporte se evidencia la falta de capacidad institucional para investigar este tipo de delitos adecuadamente, lo que contribuye a perpetuar la impunidad.
La efectiva persecución criminal es uno de los retos más importantes que enfrenta nuestra sociedad, porque para lograr una justicia efectiva se deben corregir la deficiente coordinación entre la actividad policial, la coordinación de la investigación y la representación del Estado como parte acusadora; la fragmentación de una investigación porque dificulta el esclarecimiento de la criminalidad compleja; la falta de especialidad y adecuación en los procedimientos y protocolos de justicia para las niñas, niños y adolescentes; y la exclusión de la víctima para intervenir activamente en la investigación criminal.
Es urgente cambiar la forma en que las escuelas funcionan en la actualidad; prohibir los lugares ocultos en estos inmuebles, establecer vigilancia obligatoria en las entradas y salidas, establecer protocolos de actuación que obliguen a las autoridades educativas a presentar una denuncia de hechos ante la posibilidad de que se cometió un delito. Deben dejar de ser juez y parte.
En tanto, como sociedad no debemos ser indiferentes frente a la violencia sexual infantil, el reto es empoderar a las niñas y niños, así como a los padres de familia, para que aprendan cómo abordar estos temas con sus hijos, generarles confianza y que puedan contar lo que les esté pasando, pues es el camino para adquirir herramientas de protección, porque, es lamentable, hoy nos encontramos frente a una niñez que está sola y un Estado que está ausente.
(@Ale_BarralesM)
