La violencia contra las mujeres es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos, pero es uno de los delitos menos castigados y una de las mayores amenazas para la paz, el desarrollo y la cohesión social, es por ello que madres, hermanas e hijas, exigen nunca más ser ignoradas y demandan respeto, justicia y un alto a la impunidad.
Es, por desgracia, la manifestación extrema de la desigualdad y la discriminación sistémica que impacta todos los días a niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. De enero a octubre de este año ha cobrado la vida de más de 2 mil 800 mujeres, de acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo que representa un 7.7 por ciento de crecimiento de este delito con respecto a 2019.
Este año, las víctimas de homicidio doloso han aumentado en 3 por ciento y las de trata de personas, 12.3 por ciento; las denuncias por violencia familiar se incrementaron 3.4 por ciento y por violencia de género, 26 por ciento; en tanto que las llamadas de emergencia al 911 para reportar incidentes de violencia contra la mujer se elevaron 40 por ciento y las de acoso u hostigamiento sexual, 12 por ciento.
La violencia crece por la impunidad que acompaña a los feminicidas y para combatirla es inaplazable que el personal ministerial sea capacitado y certificado en perspectiva de género antes de ser incorporados a las fiscalías que atienden la violencia en contra de las mujeres, para que dejemos de encontrarnos con casos como el de María E. Orea Méndez, que fue asesinada por su ex-esposo el 14 de febrero pasado en Puebla, el cual se mantiene prófugo de la justicia.
La familia denunció que las autoridades, a pesar de tener los testimonios de vecinos, esperaron un día para empezar a tomar las declaraciones, tiempo que el agresor aprovecho para huir.
Vemos que se asesina, viola y trafica con la vida, sueños y dignidad de las mujeres a lo largo del territorio nacional. Es innegable que la violencia de género está creciendo a pasos agigantados, en tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 desaparecieron 11 programas que combatían la violencia en contra de las mujeres.
Se redujo el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres, a los refugios para mujeres violentadas, para los albergues para mujeres indígenas, para las estancias infantiles y para madres trabajadoras, entre otros.
Se han aprobado reformas en favor de los derechos de las mujeres, reconocido y atendido nuevos tipos y modalidades de violencia como la política, digital y obstétrica; el aumento a la pena por violencia doméstica, la creación del Sistema Nacional de Cuidados, y se ha homologado el delito de feminicidio en todo el país, sin embargo, esto no ha cambiado y menos frenado la escalada de la violencia feminicida en el país; cada día les siguen arrebatando la vida a 10 mujeres.
Las mujeres en México demandan un compromiso claro y contundente de las autoridades, ver resultados en su vida cotidiana, estar seguras en sus casas, escuelas, en el trabajo, en las calles, en el transporte público y en cualquier espacio público y privado.
Pero debemos reconocer que el camino por recorrer aún es largo y la solución está en todos, por ello es necesaria la acción inmediata de los órganos del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de la comunidad en su conjunto, con un solo objetivo: erradicar la violencia en contra de las mujeres en México.
@Ale_BarralesM
