Es una realidad lamentable, las tecnologías de la información y la comunicación han generado nuevas formas de violencia contra las mujeres por razón de género, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 73 por ciento de las mujeres en el mundo han experimentado violencia en línea; en nuestro país, 9.4 millones de mexicanas sufrieron ciberacoso en 2020, las de 18 a 30 años de edad fueron las más atacadas en los espacios digitales.
De acuerdo con la ONU, a nivel mundial el 23 por ciento de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida, una de cada 10 mujeres, son de 15 años en adelante, declaró haber sido víctima de alguna forma de violencia en línea.
El monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, son algunas de las formas de la violencia digital.
Se articula con la violencia machista que viven niñas, adolescentes y mujeres todos los días en distintos espacios, como en las calles, el trabajo y en sus propios hogares; es una más de las violencias de género, cuyas particularidades son que permite agredir bajo el anonimato, con identidades falsas o usurpando la identidad de alguien más; es un contenido nocivo que una vez que llega a internet es difícil bajarlo; no hay garantía de total eliminación, sobre todo cuando se llega a viralizar.
Hace nueve años la activista Olimpia Coral Melo fue víctima de la difusión de un video de contenido sexual sin su atorización y desde entonces impulsó una iniciativa para definir, prevenir y castigar la violencia digital y los delitos contra la intimidad sexual cometidos a través de medios telemáticos. Fue en diciembre de 2018 que en Puebla se aprobó una ley contra el ciberacoso y a lo largo de tres años se extendió su tipificación en 28 entidades del país.
En noviembre de 2022, se amplió el concepto de violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la acción dolosa de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una mujer a exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Son importantes las medidas legales que se han emprendido para frenar la violencia digital, pero aún son insuficientes, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, del Inegi, el 13 por ciento de las adolescentes y mujeres de 15 años y más han experimentado alguna situación de violencia a través de medios digitales, siendo los ámbitos comunitario, escolar y laboral, los de mayor prevalencia.
En tanto, 6.9 por ciento de adolescentes y mujeres que declaró haber sido víctima de este delito en los últimos 12 meses, pero el lugar de ocurrencia principal fue el escolar, seguido del comunitario.
Estudios arrojan que el 28 por ciento de las mujeres que fueron objeto de violencia basada en las TIC han reducido su presencia en internet, lo que limita su libertad y confianza en el uso de los medios digitales y electrónicos, lo cual impacta en los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres desde vivir una vida libre de violencia hasta su acceso a la educación en línea.
Se debe visibilizar que al no contar con un libre acceso al ecosistema digital, se limita la capacidad para lograr la igualdad de género de las niñas, adolescentes y mujeres debido a que se impide el ejercicio de sus derechos esenciales para su pleno desarrollo, como son derecho a la libertad de expresión, a la información y a la no discriminación.
Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)