En el mundo, seis mujeres son asesinadas cada hora por personas que conocen, de acuerdo con el estudio El asesinato de mujeres y niñas por razones de género, editado por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
En el estudio global se establece que durante 2018, en el mundo alrededor de 87 mil mujeres fueron asesinadas; de ellas 50 mil, es decir el 58 por ciento, a manos de sus parejas o familiares.
México no es la excepción, ocupa los primeros lugares de feminicidio en un ranking de 24 países de América Latina y el Caribe, muy por encima de países como el Salvador y Honduras. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2017, ocupó el segundo en la región, con 760 casos, apenas superado por Brasil, con 1,183 casos; pero este año ya escaló al primer lugar. Desde 2015 la violencia feminicida que se registra en el territorio nacional mantiene una tendencia creciente, en tanto el presupuesto para atenderla decrece. Hemos pasado de un presupuesto en 2016 del 3.1 por ciento a una proyección del 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020.
Nos encontramos en situación de emergencia en materia de derechos de las mujeres que debe ser atendida. Tal es la situación que por primera vez la CEDAW plantea para México recomendaciones sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Considerando que México no está en una situación de conflicto, pero que sí requiere de la participación de las mujeres en la construcción de la seguridad y la paz. En el PEF 2020, el tema de la seguridad se debe atender de manera transversal para comprender cómo se afecta o beneficia a las mujeres y a las niñas, entendiendo la lógica de la política pública y la perspectiva del ciclo de vida de las niñas, adolescentes y mujeres.
Cómo es que las mujeres vivimos en este mecanismo de seguridad e inseguridad, y cómo es que podemos ser atendidas.
Las políticas públicas deben estar basadas en evidencia, entender qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo avanzar lo que sí ha dado resultados.
El presupuesto debe responder al eje de que las mujeres estamos y vivimos en territorios distintos, en realidades distintas y somos diferentes en la igualdad que buscamos lograr. Se requiere, en esta perspectiva de género, entender la diversidad de mujeres que somos.
Podremos alcanzar la igualdad, podemos ejercer algunos derechos, pero la violencia es cotidiana, se vive dentro de la familia y la situación se agrava, ahora enfrentamos nuevos fenómenos criminológicos de género. Por tanto, los temas de seguridad y de justicia de las mujeres no pueden seguir siendo plasmados sólo en un anexo como un tema de las mujeres. Se requiere transitar de una política de seguridad punitiva a una visión de seguridad integral para la prevención, atención y erradicación de este flagelo.
Es inaplazable avanzar en la vigencia plena de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres; se necesita poner ese rostro al presupuesto, un rostro de derechos humanos.
Las mujeres debemos estar en el discurso, pero también en los hechos y en las acciones reales y tangibles que disminuyan las brechas de desigualdad de género y que garanticen el derecho a tener una vida digna y libre de violencias.
Es urgente que en el centro de la política pública esté el derecho a la vida de las mujeres. Celebramos la paridad, pero está claro que si las mujeres no resolvemos necesidades básicas, no habrá mujeres para que alcancen a llegar a la paridad.
Toca ahora a las diputadas demostrar si haber logrado la Paridad de Género de la LXIV Legislatura se traduce en un presupuesto transversal que permita instrumentar políticas públicas que atiendan la situación de emergencia que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres de este país.
Maestra en políticas públicas.
@Ale_BarralesM
