Es importante que se reconozca que el conjunto de instituciones que en México son responsables de los sistemas de seguridad y justicia siguen teniendo una deuda pendiente: garantizar justicia a las víctimas y sus familiares, porque hoy la impunidad es la regla y la impartición de justicia quizá es la excepción, a ello responde que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 que realizó el Inegi, el 93 por ciento de los delitos no son denunciados y las causas son esencialmente la desconfianza en los órganos impartidores de justicia.
Desconfianza que responde a casos como el de Abril Pérez Sagaón, que a casi cuatro años de su feminicidio el autor intelectual, su ex marido, goza de impunidad, permanece prófugo de la justicia, luego de que un juez permitiera su libertad bajo fianza al reclasificar el delito de intento de feminicidio a violencia familiar, un caso emblemático del por qué la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los retos más urgentes que tiene la Judicatura son los relacionados a identificar la vulnerabilidad y el contexto de una mujer que ha sido víctima de un delito.
Pérez Sagaón fue a denunciar a su feminicida, relató ante un juez las agresiones de su entonces marido y reconoció que temía por su vida, pero estas declaraciones ante la Fiscalía, los informes forenses y médicos del hospital privado ABC, no fueron suficientes para que el juez Federico Mosco González considerara que lo sucedido se trató de un intento de feminicidio. El magistrado descartó la intención de asesinarla, con el argumento de que si hubiera tenido la intención de privarla de la vida, lo hubiera hecho desde el primer golpe, pues ella se encontraba dormida.
Son estas las omisiones que se suman a los dos balazos lo que le arrebató la vida a Abril el 25 de noviembre de 2019, cuando se trasladaba con sus hijos rumbo al aeropuerto para regresar al estado de Nuevo León.
Casos como este nos vinieron a la memoria hace unos días cuando escuchamos a la ministra presidenta de la SCJN señalar que si durante el proceso penal no se logra identificar la vulnerabilidad y el contexto de una mujer que ha sido víctima de un delito, si no se logra comprender la referencia y el contexto en el que se sitúa su muerte, su desaparición o cualquier violación a sus derechos fundamentales será casi imposible dictar medidas cautelares que efectivamente protejan a quienes están en riesgo, mucho menos se podrá dictar sentencia con enfoque de género que traiga justica, reparación y garantías de no repetición.
Debemos avanzar en la atención a los serios problemas que derivan de las omisiones, los vacíos y las malas prácticas que impiden una adjudicación efectiva y que impiden reparaciones reales y garantías de no repetición en casos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, para la no repetición de casos como el de Abril.
Un estudio realizado a las facultades de Derecho de 37 universidades públicas, y en los Campus FES Aragón y Acatlán de la UNAM, arrojó que no se cumple el mandato constitucional de impartir educación superior con perspectiva de género, sólo la Universidad Benito Juárez, de Oaxaca y la FES Aragón tienen una materia al respecto, lo cual resulta insuficiente.
Para avanzar en la impartición de justicia con enfoque de derechos humanos, como lo establecen los tratados internacionales, se requiere la construcción de dos rutas que corran en paralelo, por un lado, avanzar en la profesionalización en el servicio civil de carrera en el sistema judicial federal y local; y la segunda vía es que las universidades actualicen sus planes de estudio para que la formación de los abogados incorpore la perspectiva de derechos humanos, igualdad y enfoque de género.
Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)