La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes lastima y cala profundamente en las víctimas pero también genera efectos que deterioran el entorno familiar y comunitario; es un delito que no respeta sexo, condición económica ni estrato social, que en los últimos cinco años aumentó 87 por ciento, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Es un flagelo que por mucho tiempo estuvo invisibilizado, silenciado, ignorado, minimizado o pasado por alto, dificultando su denuncia y castigo para los agresores; se ha visibilizado a partir de que artistas, academicas, escritoras y deportistas alzaron la voz para denunciar que siendo menores de edad fueron abusadas sexualmente por las personas que las tenían a su cargo, bajo su tutela o cuidado.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que tienen el derecho a vivir en condiciones de bienestar y de un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personales, pero la realidad arroja lo contrario, el año 2022 mostró las vulneraciones y crueldad que viven niñas, niños y adolescentes en en nuestro país.
En el balance anual 2022, la Red por los derechos de la Infancia en México, REDIM, señala los cuatro delitos que crecieron entre 2021 y 2022 en contra de las infancias: extorsión, 13.2 por ciento; homicidio, 4.1 por ciento; lesiones, 29.9 por ciento; y trata de personas, 16.1 por ciento.
Redim, alertó sobre los tipos de homicidios que han aumentado contra niñas, niños y adolescentes: el homicidio doloso, 3.2 por ciento; el homicidio con arma de fuego, 3.4 por ciento; y los asesinatos (homicidios dolosos más feminicidios), 3 por ciento, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La celeridad con que se han incrementado los delitos sexuales contra las niñas, niños y adolescentes y por la gravedad que causan en las víctimas, se ha robustecido el marco jurídico, el 29 de abril de 2021 el Senado de la República reformó el Código Penal Federal para eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años y asegurar que estos ilícitos se puedan sancionar sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo. Con ello, los agresores serán investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados, sin importar que las víctimas emprendan acciones legales muchos años después de haber sido violentadas.
El 10 de febrero de 2022 la Cámara de Diputados aprobó agravar penas por el delito de abuso sexual en menores de 15 años; se turnó al Senado donde está pendiente de dictaminación, lo que resulta preocupante, porque ante la gravedad del flagelo es importante acelerar el proceso legislativo.
Es fundamental poner un alto a la impunidad imperante en el país y que se observa más en los casos de niñas, niños y adolescentes; además, se deben fortalecer los sistemas de justicia que garanticen verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición a través de la investigación de los homicidios dolosos en contra de las infancias y la aplicación de las penas correspondientes a los agresores.
El papel de todas y todos es garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que incluye brindarles entornos seguros, así como la atención inmediata y especializada para restituir sus derechos en caso de que éstos sean vulnerados; porque en la actualidad los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los civiles y políticos no terminan de ser una realidad para la niñez que representa la tercera parte de la población en México.
Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
