#NuncaMás

A pesar de que cada día se avanza en el andamiaje jurídico para castigar los delitos de violencia en contra de las niñas , adolescentes y mujeres , los niveles de violencia que hoy sufren a lo largo del territorio nacional no tienen precedentes, son más violentos, más sanguinarios y más deleznables, situación que se agrava por la violencia institucional que enfrentan las familias en su búsqueda de acceso a la justicia, como fue en el caso de Ingrid Escamilla Vargas .

Ha sido a lo largo de muchos años que miles de mujeres han enfrentado día con día la revictimización por parte de quienes deberían garantizarles el acceso a la justicia; de un Estado cuya obligación es la de garantizar su seguridad, pero que de manera lamentable no cumple con ello, y es así que la incidencia de las violencias de género se sigue agravando por su procesamiento judicial.

La revictimización de que son objeto las niñas, adolescentes y mujeres en su búsqueda de acceso a la justicia, es uno de los factores por los que se ha incrementado la desconfianza en las instituciones de procuración y administración de justicia, pero que también han fomentado una cultura de normalización social de las violencias de género .

Como recordaremos, un caso emblemático de violencia institucional fue el feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, caso que además de exponer la gravedad de la violencia de género que se vive en el país, evidenció la revictimización de que fue objeto por parte de los servidores públicos que filtraron las fotografías donde se exponía de forma explícita el cuerpo de la víctima, atentando contra la dignidad, intimidad e identidad de Ingrid.

Es un caso que obligó a la revisión de los protocolos de actuación en la investigación de este tipo de delitos; la urgencia para que se tipifiquen y se castiguen esas conductas que causan perjuicio a las mujeres víctimas de homicidio y feminicidio.

Resulta importante que, rumbo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 que adoptó el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas, se avance en la construcción de un Estado de derecho con perspectiva de género en la procuración de justicia.

Contexto que enmarca la reforma al artículo 225 del Código Penal Federal, que esta semana se aprobó de manera unánime en la Cámara de Diputados, para penalizar la revictimización que se produce a través de los servidores públicos, encargados de la administración de la justicia: peritos, policías, investigadores; que tendrán prohibida la difusión, comercialización de imágenes , videos, material, cualquier información relacionada con un hecho delictivo, con las condiciones de la víctima o cualquier ámbito relacionado al proceso penal.

La tipificación de estas conductas servirá para que ya no se repitan casos como el de Ingrid, en donde los servidores públicos que estaban encargados de resguardar la escena del feminicidio fueron los primeros en divulgar y difundir las imágenes, videos e información de la víctima, lucrando con la tragedia y haciendo aún más doloroso la pérdida para sus familiares. La violencia institucional lacera a la sociedad, se debe castigar y erradicar porque, debemos tener presente que en cada feminicidio hay una historia, una familia, y amigos a los que causan daño la difuasión de esas imágenes.

Se debe eliminar toda la publicación que extiende la cosificación y la objetivación de la violencia contra las mujeres, pero, como sociedad, debemos estár vigilantes para que este tipo penal no sea usado para que las instituciones oculten las estadísticas que visibilizan las violencias de género, porque la cosificación y la objetización de las mujeres desgraciadamente sigue vigente.