La desigualdad estructural que viven las mujeres en la sociedad, se acentúa más para aquellas que se encuentran en reclusión, porque viven en condiciones de mayor desvalidez y enfrentan un entorno más complejo por ello se les ha denominado las olvidadas entre las olvidadas; olvidadas por un Estado que las priva de su derecho a la salud y educación ; olvidadas por su familia, pues casi el 70 por ciento de ellas no reciben visitas.
La población femenina privada de la libertad, representa el 5 por ciento de la población total en el país, pero en los últimos años muestra una tendencia creciente, de los 110 mil 351 presos que en 2020 ingresaron a los centros penitenciarios federales y estatales, el 7.4 por ciento fueron mujeres. La cifra de mujeres presas crece, no obstante, la infraestructura penitenciaria no, por lo que son recluidas en prisiones mixtas, o bien en cárceles de mujeres que en su mayoría están alejadas de sus comunidades.
De acuerdo con la Encuesta sobre Población Privada de la Libertad 2021 , del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 65 por ciento de arresto a mujeres, la autoridad no se identificó ni mencionó el motivo del arresto; el 62 por ciento de las arrestadas no tuvo derecho de comunicarse; un 53 por ciento fue amenazada con levantarle cargos falsos, en tanto, el 43 por ciento fue amenazada con hacerle daño a su familia.
Para las mujeres recluidas la constante es la violación a sus derechos; el 39.8 por ciento de las mujeres mencionaron haber sufrido algún tipo de agresión física después de la detención, de éstas en un 15.5 por ciento fueron agresiones sexuales. En tanto, el 33 por ciento de las internas no tienen agua potable, 12 por ciento no cuenta con servicios médicos; 22 por ciento pasa de 19 a 24 horas por día en su celda; un 8 por ciento de las internas han sido víctimas de delitos sexuales en el propio penal y 34 por ciento de las mujeres han sido violentadas sexualmente.
Estas condiciones no son alentadoras, pero son la realidad, una realidad que no permite su reinserción social; pero si provoca que se generen nuevas víctimas, así como el que aumenten las desigualdades en las que viven las mujeres en prisión.
De acuerdo con la ENPOL 2021, el 79 por ciento de las internas, tienen hijas e hijos menores de 18 años, cuatro por ciento habla una lengua distinta al español; el 44 por ciento, dejó los estudios por trabajo o por falta de dinero.
La Ley Nacional de Ejecución Penal , en sus artículos 10 y 36, así como en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (conocidas como las Reglas de Bangkok), se establece que los centros penitenciarios deben contar con instalaciones apropiadas para ellas, además de que se les debe proporcionar los artículos para satisfacer sus necesidades de higiene personal, servicios de atención médica y acceso a una alimentación apropiada, lo que en la realidad no ocurre.
El Sistema Penitenciario está obligado a responder con flexibilidad en pro de las mujeres. Los centros penitenciarios se deben posicionar en la lista de prioridades en la agenda pública para sensibilizar al Estado sobre la necesidad de un presupuesto suficiente que permita la instrumentación de políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos que permita garantizar los derechos de las mujeres en prisión, porque invisibilizarlas es violencia institucional.
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@Ale_BarralesM