El derecho a una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres plasmado en instrumentos internacionales y nacionales como Convención Belem do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está lejos de ser una realidad para las mujeres en nuestro país, por lo que es de gran relevancia y alentador que se rompa el techo de cristal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por primera vez en la historia, sea presidida por una mujer, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
En los últimos cuatro años se han nombrado a 227 juezas de distrito, que equivale al 50 por ciento de las nombradas desde 1995, pero en la actualidad apenas representan el 40 por ciento de las titulares de los juzgados, en tanto, de los 11 ministros del pleno de la SCJN, cuatro son mujeres.
Son alentadoras las palabras que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció en su toma de posesión: “Nos esforzaremos todos los días por crear una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia para las mujeres”.
Es importante romper el techo de cristal en el tribunal más importante de México para que no se repitan resoluciones como la del juez federal Teódulo Pacheco Pacheco, que determinó cambiar la medida cautelar a favor de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, en septiembre de 2019, para que éste siga su proceso en prisión domiciliaria.
María Elena fue revictimizada por el juez Teódulo Pacheco Pacheco del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León. La saxofonista denunció que durante los seis días de audiencia en las más de 70 horas enfrentó una serie de irregularidades y dilaciones, que cada día su proceso judicial es más oscuro.
Pese a que María Elena externó que su agresor es un feminicida que la quiso matar y tiene poder económico y político para volver a hacerlo, el juez admitió todos los medios de prueba, sin peritaje, y dictó el cambio de la medida cautelar para que su agresor, “por su calidad de enfermo”, enfrentara el proceso en prisión domiciliaria. Ante la resolución escribió el sábado pasado en twitter: “Si lo liberan, se da a la fuga y me mata, quémenlo todo”.
En las redes sociales y espacios públicos se registraron manifestaciones de sororidad, solidaridad, coraje y exigencia de justicia por la resolución judicial, y finalmente, el miércoles pasado un juez local suspendió la orden de traslado y el presunto feminicida seguirá en prisión preventiva.
Otro resolución judicial que evidencia la ausencia de los lentes de género, es el caso de Irma, que en 2005 fue condenada a 40 años de prisión acusada de haber matado a su bebé, abortó a consecuencia de los golpes que recibió de su pareja.
Las autoridades no tomaron en cuenta que había sido golpeada por quien era su pareja ni que en su proceso penal no tuvo una defensa adecuada. Tras 17 años de estár presa en un penal del Estado de México, gracias al mecanismo de la amnistía, salió en libertad.
Son casos que evidencian cómo opera todavía la justicia en nuestro país y por ello es alentador que la Ministra Norma Lucía Piña Hernández ahora presida la SCJN; además, es urgente que los juzgadores estén debidamente capacitados con un enfoque de género y de derechos humanos para que se valoren de forma distinta los procesos que han sido violentados y los contextos sociales de desventaja. El poder judicial requiere de una transformación a favor de los derechos de las mujeres y el primer paso es creer en los testimonios de las mujeres.
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM
