Se estima que más de 2.5 billones de mujeres y niñas se ven afectadas por leyes discriminatorias vigentes en el mundo y que se tardarán al menos tres generaciones más para eliminar las brechas en las legislaciones de los países, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, lo que ha motivado a un llamado urgente a los Estados a eliminar las discriminaciones que todavía permanecen en las leyes y a partir de ahí emprender acciones estructuradas e innovadoras para que la igualdad de género sea una realidad en la vida de las mujeres.
En México, hace unos días se aprobaron diversas reformas importantes que van desde la tipificación de la violencia vicaria; la incorporación como delito contra la vida y la integridad corporal, las lesiones inferidas con ácido o sustancias similares; se incrementó la sanción de tres a ocho años de prisión a cuatro a doce años de prisión al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en casos de feminicidio.
También aprobaron reformas para que los patrones garanticen la igualdad sustantiva, y la no discriminación motivada por el género, asimismo será obligación de los patrones fomentar la igualdad sustantiva mediante el pago y salario igual por trabajo igual. Además, se estableció la obligatoriedad para que los congresos ejidales se tengan que nombrar por paridad, para que puedan participar mujeres en la toma de decisiones de los comités ejidales.
Si bien el marco jurídico no es suficiente para transformar la realidad de desigualdad de las mujeres, si es fundamental para avanzar en un estado de derecho que permita cambiarla, Resulta importante que ya se concluya el proceso legislativo de reformas como la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, que prohíbe que una persona que ejerce violencia en razón de género acceda a cargos públicos o de elección popular; el sistema de registro de agresores sexuales; el catálogo de deudores alimentarios y la ley general de cuidados.
Debemos recordar que para ONU Mujeres el cuidado es un derecho humano y un bien público, pilar de la protección social y aspecto clave tanto de la agenda de igualdad de género como de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ello ha reiterado que establecer un sistema nacional de cuidados en un país, generar un alta rentabilidad económica y social porque garantizará la incorporación de las mujeres al mercado laboral y la generación de empleos formales de calidad para las mujeres.
Ha señalado que es una medida fundamental para reducir las desigualdades y la pobreza porque tiene un efecto positivo multiplicador en la economía, en el empleo y en la recaudación fiscal porque en la medida en que se generan empleos formales crece la economía y además contribuye de un modo central a la autonomía de las mujeres y a su inserción en el mercado laboral formal.
Aún falta mucho por avanzar, porque existen espacios en los que a las mujeres se les sigue vejando, vendiendo como mercancía, son obligadas a desplazarse, se les sigue desapareciendo y matando y mientras eso continúe, desde donde nos encontremos, debemos seguir visibilizando las violencias de género.
Este #8M2023 fue un día de reivindicaciones en el que rememoramos la lucha de las mujeres por la conquista de nuestros derechos y también un día para reflexionar y cuestionarnos, porque si bien se han registrado avances significativos en el marco jurídico no han sido suficientes para que ya no asesinen a las niñas, adolescentes y mujeres por el hecho de ser mujeres; hoy debemos seguir levantando la voz hasta que cuando salir a la calle de noche y regresar sanas y salvas no sea un privilegio sino un derecho, que vivir en libertad y libres de violencias se nos haga costumbre y una realidad.
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Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
