En México, las mujeres viven una violencia sistémica, se enfrentan a la violencia y acoso sexual en los hogares, las calles y las escuelas; abuso emocional y psicológico en las familias y con sus parejas; discriminación, hostigamiento y acoso sexuales en los centros de salud y laborales; son violencias que llegan a escalar hasta derivar en feminicidio, lo que hace urgente realizar un esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado, organismos internacionales y de la sociedad civil para transformar esta realidad preocupante y alarmante.
El estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, arrojó que en 2019 y 2020, uno de cada 5 feminicidios se cometieron con arma de fuego, en tanto que en el 75 por ciento de los casos fueron asfixiadas, ahorcadas, quemadas o golpeadas con algún objeto o arma punzocortante, lo que refleja la crueldad con que se cometen los crímenes contra las mujeres.
En tanto, durante el primer semestre de 2020, 73% de los homicidios de mujeres clasificados como dolosos fue perpetrado con arma de fuego, lo que significa un aumento de casi 14% en relación con el primer semestre del año previo.
Son vidas de miles de mujeres que hoy deberían estar aquí, pero que, por el odio hacia las mujeres, les fue arrebatada la vida, y ahora sus familias sufren la ausencia de una madre, de una hija, de una abuela, de una hermana.
En el estudio se destaca la importancia de documentar y analizar la violencia feminicida en el país y para ello se recomienda que todas las muertes violentas, como son los homicidios, suicidios y accidentes sean investigadas con perspectiva de género.
Por la violencia sistémica que viven las mujeres, el contexto en que ésta se da y la responsabilidad del Estado para garantizar su seguridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos sentencias determinó la obligación de investigar las muertes violentas, identificando las razones de género detrás de la intencionalidad letal.
Mandato que para la Fiscalía General del Estado de Chiapas no fue suficiente y no aplicó al caso de la doctora Mariana Sánchez, de 24 años de edad, cuyo cadáver fue hallado colgado de una cuerda en el cuarto que le proporcionó el Centro de Salud para su estancia. En la necropsia de ley, la causa de la muerte fue por “asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento”.
Mariana llevaba 5 meses realizando su servicio social en un centro de salud del municipio de Ocosingo, Chiapas; la doctora había denunciado ante las autoridades de la clínica ser víctima de acoso sexual por parte de un compañero médico.
La joven denunció lo que estaba sucediendo y nadie hizo nada para protegerla. El cadáver de Mariana fue incinerado, lo que contraviene todo protocolo de investigación con perspectiva de género. Su madre denunció no haber dado la autorización para la incineración,
Ante la indignación social por la muerte de Mariana, la Fiscalía reabrió el caso como feminicidio, pero ya no cuenta con el cuerpo, lo que hace más difícil una investigación pericial para conocer lo que sucedió. Sólo hay una detenida, fue capturada la directora de la clínica, Analí “N”, “por su probable participación en el delito de abuso de autoridad”.
En la exacerbación de la violencia feminicida han contribuido tres elementos: la invisibilidad, la normalidad y la impunidad, impunidad que en los casos de feminicidio es del 98 por ciento y, es lamentable que por la cadena de omisiones administrativas y judiciales, el caso de Mariana podría ser parte de esta estadística.
Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
