La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, sin embargo, en México la espiral de la violencia feminicida continúa, los casos que en días recientes se han difundido y denunciado a través de las redes sociales lo confirman, nos encontramos ante una naturalización de la violencia, situación que conmociona.
En un país en el que la impunidad es la constante, genera indignación y consternación ver cómo los feminicidas apuestan a que sus actos y acciones no tengan consecuencias, que pueden arrebatarle la vida a sus parejas sentimentales y hacerlos pasar por suicidios, como fue el caso de la argentina Agostina Jalabert, el 18 de febrero pasado en Playa del Carmen, Quintana Roo, cuya investigación, han denunciado familiares de la víctima, estuvo plagada de omisiones y manipulaciones por parte de la autoridad investigadora, motivo por el que su presunto feminicida, Juan Manuel Reverter, logró evadir la justicia.
En México, seguimos siendo testigos de feminicidios disfrazados de “muertes accidentales o suicidios”, como en este caso que pese a que la víctima tenía signos de tortura y agresión sexual, la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo durante semanas mantuvo la hipótesis de suicidio; Juan Manuel Reverter se encontraba en la vivienda en el momento de la muerte, tenía rasguños en la cara y antecedentes de violencia contra ella, pero no fue investigado y logró evadir la justicia. Hoy, la familia sigue demandando justicia.
En el caso del feminicidio de Ana María Serrano, su ex novio, Allan Gil, confió en evadir la justicia, alterando la escena de su crimen y montando el escenario de un suicidio, pero en este caso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó una investigación con perspectiva de género.
Allan Gil fue detenido y vinculado a proceso por el feminicidio de Ana María Serrano, de 18 años de edad, estudiante de medicina que soñaba con ser cardióloga, pero que por rechazar a su ex novio le arrebató la vida.
Son casos que evidencian que las estadísticas oficiales están lejos de reflejar la gravedad de este flagelo, porque al 97.7 por ciento de los delitos que no se denuncian debemos sumar aquellos feminicidios que han sido encarpetados como suicidios. En las estadísticas oficiales es un delito que va a la baja; de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto pasados se han integrado 585 carpetas de investigación por este delito; el mes pasado, se registraron 62 casos, en tanto, en agosto de 2022, fueron 67 las carpetas que se integraron.
En todos los estados de México se ha tipificado el delito de feminicidio, pero es urgente, la armonización legislativa, porque en la actualidad hay 32 maneras diferentes de definir, investigar y castigar el feminicidio, lo que genera un desfase porque en algunos lugares hay una causal que si puede ser motivo de una pena, pero en otro estado no sucede así.
Si bien la ley no es suficiente, debemos tener presente que un marco jurídico completo, robusto y uniforme es la base para el combate a este delito. Es importante caminar hacia la conciencia y nuevos esquemas de educación para avanzar en la erradicación del feminicidio, flagelo que desgarra el tejido social; desmontar la cultura donde se ha naturalizado la violencia como parte de los vínculos es un desafío que tenemos como sociedad.
Maestra en políticas públicas
@Ale_BarralesM
