Nos encontramos en una ola de violencia feminicida que sigue creciendo, los casos de alto impacto social de la niña Fátima, Ingrid Escamilla y Vanessa Vargas registrados en febrero pasado nos indicaban que las cosas no iban bien; que la violencia de género lejos de eliminarse, iba creciendo, como lo confirman las estadísticas oficiales, cerraremos el año con al menos un 7 por ciento de incremento en los feminicidios.
De enero a octubre pasado se han abierto 777 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año, los 10 municipios y alcaldías más peligrosas para las mujeres, son: Ciudad Juárez, con 19; Tijuana, 17; Monterrey, 15; Culiacán, 12; la Alcaldía Cuauhtémoc, 11; Alcaldía de Iztapalapa, 11; Zapopan,10; Alcaldía de Tlalpan, 9; Chihuahua, 8 y Manzanillo, 8.
De acuerdo con el Estudio global sobre homicidios, asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en 2018, alrededor de 87 mil mujeres fueron asesinadas en todo el mundo en 2017. Del total, el 58%, es decir 50 mil fue a manos de sus parejas o familiares.
Son las mujeres las que siguen pagando el precio más alto, como resultado de la desigualdad de género, la discriminación y los estereotipos. Son las niñas, adolescentes y mujeres, las que tienen más probabilidad de ser asesinadas por sus parejas, familiares o conocidos.
Ante esta realidad, hace unos días se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer el marco legal para la atención de las víctimas. Las medidas cautelares y las órdenes de protección buscan garantizar la seguridad y la vida de mujeres y niñas, y evitar que un hecho de violencia escale a feminicidio.
Señalar las razones de género ayuda a combatir este tipo de agresiones y la recopilación de datos origina la aplicación de medidas de prevención, ayuda a que las víctimas reciban apoyo, propicia el seguimiento a los casos y crea antecedentes de la violencia.
Ya basta de que mujeres que cuenten con mecanismos de protección sigan siendo víctimas de la violencia feminicida. El sábado pasado Esmeralda de 40 años, acudió al Ministerio Público de Nezahualcóyotl para denunciar que su marido le golpeó la cabeza con un ladrillo. Esmeralda contaba con una orden de restricción para que su marido Oscar no se le acercara, pero lo ha hecho. Esta vez la agresión le dejará secuelas a Esmeralda, durante su estancia en la barandilla, presentó alteraciones en su comportamiento, motivo por el que solicitan el apoyo de una ambulancia para su traslado a un hospital, durante el trayecto registra convulsiones y pérdida de la memoria, producto del golpe.
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia requiere que autoridades, instituciones y dependencias cumplan sus obligaciones; es urgente que las víctimas de violencia encuentren en el Estado a un aliado.
Es una realidad que la violencia en contra de las mujeres, constituye un grave problema social que exige el compromiso de todas y de todos. Estamos viviendo una realidad social dinámica y cambiante, que nos exige desde todos los ámbitos, fortalecer, reinventar y tener un análisis de dónde estamos y hacia dónde vamos, porque cada día nos siguen faltando 10 niñas, adolescentes y mujeres.
Hoy esta pandemia exige que todas y todos reinventemos y fortalezcamos la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia desde cada una de nuestras trincheras.
@Ale_BarralesM
