En la actualidad, uno de los problemas más graves que enfrenta México es la violencia de género, está catalogado como uno de los países más violentos del mundo, cada día las niñas, adolescentes y mujeres son violadas, víctimas de trata de personas, secuestradas, desaparecidas y, cada 24 horas, 11 de ellas son asesinadas.
Amnistía Internacional, ha señalado que la violencia contra las mujeres forma parte de la grave crisis de derechos humanos que azota al país; que la violencia machista y patriarcal dista de ser una excepción y es más bien la regla, por lo que se ha sumado a las exigencias que familias de mujeres víctimas de feminicidio hacen a autoridades para esclarecer estos casos, para con ello abatir la negligencia y falta de acceso a la justicia.
Existen deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres, en un contexto en el que la desigualdad impide a millones de niñas, adolescentes y adultas mayores desarrollar sus proyectos de vida con dignidad, libertad y alegría.
Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha reconocido que persisten problemas para juzgar con perspectiva de género y se ha realizado un llamado a los integrantes del poder judicial a escuchar con respeto y empatía a mujeres sobrevivientes de las múltiples violencias.
También se ha reconocido que el poder punitivo del Estado tiende a criminalizar a las personas de origen étnico diverso, en situación de pobreza, indígenas, a quienes consumen sustancias, además de que se criminaliza, a las precarizadas en sus condiciones laborales o de salud.
Distintos juristas han señalado que el enfoque interseccional, no solo se debe aplicar en casos en que las mujeres se ven afectadas por delitos, sino también para comprender los contextos diferenciados de las mujeres que enfrentan acusaciones, como es el caso de Roxana Ruiz.
Roxana, de 23 años, originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, hace unos días fue sentenciada a seis años, dos meses y siete días de cárcel, por matar al hombre que la violó en la vivienda donde vivía en el Estado de México, el 8 de mayo del 2021. Por homicidio simple cometido con exceso de legítima defensa en agravio de Sinaí “N”, también se le impuso multas de 7 mil 748 pesos, 196 mil 267 pesos y 89 mil 620 pesos por reparación de daño moral.
Roxana, cuando estuvo en prisión redactó en una carta: “Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada, y por haber actuado. Ahora que estoy recluida me pongo a pensar que las leyes y la sociedad son injustas, tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida. Para no tener que vivir esto que vivo".
Sus palabras son dolorosas y es una sentencia en la que cuesta trabajo visualizar los lentes de género y el enfoque interseccional, pues aunque en la resolución se estableció que Roxana fue víctima de violencia sexual, que es una persona vulnerable y se acreditó también la legítima defensa, la jueza consideró que se excedió en la legítima defensa al momento de defender su vida y su libertad sexual, que debió detenerse, pero no lo hizo.
Para que el poder judicial contribuya a que los problemas de violencia de género y de desigualdad disminuyan, es importante que se refleje en las sentencias, pero no es suficiente, se debe pasar de la articulación normativa al rediseñó estructural institucional. Son tiempos difíciles en los que nos necesitamos todas y debemos poner en nuestra práctica cotidiana la igualdad, desde la casa, escuela, centro de trabajo y en cada espacio que nos encontremos para que podamos dejar de ser ese país violento que solo nos lastima.
Maestra en políticas públicas
@Ale_BarralesM