En México crecen las familias jefaturadas por mujeres, 33 de cada 100 hogares uniparentales son encabezados por una mujer y tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, lo que provoca que miles de niñas, niños y adolescentes se encuentren en estado de vulnerabilidad en un contexto donde las brechas sociales y económicas se siguen profundizando.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en promedio los matrimonios tienen una duración de siete años y al darse la separación son las madres quienes se responsabilizan de la crianza de los hijos, quienes a su vez sufren la ausencia de la madre en casa por largas jornadas de trabajo; las niñas, niños y adolescentes viven un doble abandono que puede llegar a traducirse en conductas autodestructivas.
Hay un subregistro, a ese 33 por ciento, que es la cifra oficial, se debe sumar un porcentaje que se va a familias ampliadas pero que en realidad incluye a esa familia de madre sola e hijos que viven bajo el techo de ascendentes directos e indirectos, por lo que la cifra, según cálculos estadísticos, podría ser del 40 por ciento las familias uniparentales.
Las familias uniparentales encabezadas por mujeres siguen creciendo y en la actualidad solo una de cada 10 mujeres que emprende el largo y tortuoso proceso legal logra una pensión alimenticia para sus hijos, cuyo monto, en muchas ocasiones, no es constante, proporcional, ni suficiente.
Es un contexto que demanda ser empático con las niñas, niños y adolescentes que necesitan ser vistos por sus padres. En ese sentido, el 30 de abril de 2019, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con el objetivo de concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Se establece que el Registro será operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y que los tribunales superiores estatales suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, en el ámbito de sus competencias.
En el dictamen se establece que la calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro, el cual será público con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y estipula que las autoridades federales competentes instrumentarán las medidas de restricción migratoria para que el deudor alimentario moroso no pueda salir del país.
Es importante que se le dé el cauce legislativo correspondiente en el Senado de la República, porque desde hace más de tres años, el dictamen se encuentra en la Comisión de Seguridad y en la actualidad miles de niños, niñas y adolescentes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en medio de una inflación que, en agosto pasado, fue de 8.1 por ciento, lo que hace que se profundicen las brechas sociales y económicas.
Es urgente y necesario robustecer un marco jurídico que facilite el acceso de las mujeres a la justicia para el cumplimiento de las obligaciones de los padres deudores, con reformas como la aprobada por el Congreso de Yucatán, que establece que para postularse a un cargo de elección popular la persona no debe ser un deudor alimentario, porque garantiza la congruencia de aquellos que desean postularse a un cargo de elección público, porque las personas que no cumplen con las obligaciones básicas hacia sus hijos o hijas, cómo van a cumplir con las obligaciones que un cargo público les confiere. Se debe tener presente que un padre provee y protege.
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Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
