Cuando llegó la pandemia del Covid-19 se encendieron los focos rojos sobre el impacto que tendría sobre las mujeres; nuevas estadísticas oficiales retratan lo profundo que es la desigualdad de género en nuestra sociedad, se confirma, las que perdieron su trabajo en la pandemia y no lo han recuperado, son mayoritariamente las mujeres.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que durante el primer trimestre de este año, la Población Económicamente Activa cayó en 1 millón 629 mil personas, cifra de la que el 83.6 por ciento, son mujeres; y el 16.4 por ciento, son hombres.
Son estadísticas que retratan cómo es el mundo del trabajo; un mundo que no está pensado para personas que tienen responsabilidades de cuidados; por ende cuidar y trabajar se vuelve incompatible.
La pandemia corrió el velo y mostró la debilidad del Estado, la deficiencia del sistema de salud y la desigualdad en la que viven las mujeres por el trabajo precario de cuidados y doméstico.
En tanto, la política de cuidado se sigue viendo como un asunto privado, algo de las familias y, dentro de la familia, el cuidado recáe primordialmente sobre las mujeres.
Según datos del Inegi y Conapred, las mujeres solas con hijos, y que además viven con un familiar extra, dedican en promedio 58 horas a la semana a actividades de cuidado no remunerado; mientras que los hombres en la misma situación dedican la mitad de horas.
Es un rol que sitúa a las mujeres en desventaja, ya que el deber de cuidar a un familiar dificulta el acceso al estudio, a empleos de tiempo completo o mejor remunerados o simplemente compite con el uso del tiempo libre que también es un derecho.
Hoy más que nunca, en el contexto de la pandemia, el cuidado de niños, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad debe entenderse como un problema público, de todas y de todos, que debe enfrentarse de manera conjunta.
Se ha identificado que el trabajo no remunerado que las mujeres desarrollan en el hogar las coloca en relaciones de subordinación y dependencia, además de que limita sus oportunidades e impide que muchas superen las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en las que se encuentran.
En México uno de cada tres hogares está encabezado por una mujer; por ello, se debe cerrar el paso a la visión machista del rol de las mujeres en la sociedad. Se debe fortalecer no sólo el andamiaje legal sino el presupuestal para no seguir desmantelando programas e instituciones, que aunque insuficientes, si aligeraban la carga de trabajo de las mujeres en millones de hogares.
Pese a ello, en los dos ultimos años, se afectó el programa de estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y se redujo en un 65 por ciento el presupuesto del anexo para la igualdad entre hombres y mujeres.
En este contexto, han pasado seis meses y en el Senado de la República no avanza el dictamen que reforma y adiciona los artículos 4º y 73 de la Constitución Política, en materia del Sistema Nacional de Cuidados, que eleva a rango constitucional el derecho de recibir cuidados, a la distribución del tiempo y al acceso a la libertad para decidir a cuidar a quien lo requiera.
Se debe tener empatía y sensibilidad por lo que viven día a día cada una de las madres de familia que tienen hijos con alguna discapacidad o no, pero que además tienen que salir a trabajar.
El panorama no es alentador, tendrán que pasar décadas para alcanzar la igualdad sustantiva en nuestra sociedad, porque en la familia mexicana hoy en día el cuidado recáe sobre las mujeres y son las mujeres las que tendrán que seguir resistiendo a un costo muy alto en su salud física, emocional y desarrollo.
La desigualdad de género es estructural y no se subsanará con la aplicación de las vacunas, por ello es urgente e inaplazable que se reflexione sobre reorganización de las labores de cuidado y crianza, y que el Estado responda con políticas públicas efectivas y a la altura de las circunstancias actuales.
Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
