Pese a que desde hace más de una década se ha construido un andamiaje jurídico e instrumentado acciones afirmativas en la prevención, atención y sanción de los delitos en contra de las niñas, adolescentes y mujeres, la violencia feminicida sigue en ascenso, las cifras oficiales lo confirman, a lo largo y ancho del país las mujeres siguen siendo violentadas, asesinadas y arrancadas de sus familias.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (Endireh), 2021, del INEGI , arroja datos alarmantes, de las 50.5 millones de mexicanas de 15 años o más, 7 de cada 10 han experimentado al menos un incidente de violencia y la mitad de las mujeres en estos grupos de edad reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual; en tanto que el 34 por ciento dijeron haber sufrido violencia física; y el 27 por ciento, violencia económica y/o patrimonial.

De 2016 a 2021, los resultados demuestran un incremento del 10 por ciento, creció del 60.1 por ciento al 70.1 por ciento la violencia total en contra de las mujeres a lo largo de la vida.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que de enero a septiembre pasados, se abrieron 695 carpetas de investigación por feminicidios con 711 víctimas. Los estados más letales para las mujeres son el Estado de México, con 103 víctimas; Nuevo León, con 79; Veracruz, con 57; Ciudad de México, con 53; y Oaxaca, con 35 víctimas.

Durante los primeros 9 meses de 2022 se registraron 2 mil 136 carpetas por homicidios dolosos de niñas, adolescentes y mujeres. Los estados que ocupan los primeros lugares son: Guanajuato, 300; le siguen Baja California y Michoacán con 214 homicidos cada uno; Estado de México, con 190; y Chihuahua, con 151 víctimas.

Desde 2007, que se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , la alerta de violencia de género se estableció como un mecanismo de coordinación de las acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado municipio.

A lo largo de 15 años el mecanismo se ha modificado con la intención de mejorar la respuesta institucional a la violencia que se vive a lo largo y ancho del país. Se han presentado 36 solicitudes pero solo se han decretado 25 alertas.

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), se han emitido 25 declaratorias que corresponden a 643 municipios de 22 entidades federativas. De 542 recomendaciones solamente el nueve por ciento de las medidas recomendadas han sido cumplidas a cabalidad, el cinco por ciento no se han cumplido y un 86 por ciento están en proceso de cumplimiento o parcialmente cumplidas.

Este mecanismo debe materializarse en frenar la violencia feminicida. Es importante que se perfeccione su marco jurídico, como sucedió esta semana que se establecieron reglas para que los recursos destinados a las AVG se entreguen de forma inmediata y que tanto la federación como las autoridades estatales asignen recursos para las acciones que exige una declaratoria de la alerta. Pero también era fundamental que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se hubieran incrementado de manera sustancial los recursos para este rubro, porque para 2023 del total etiquetado en el Anexo 13, solo el siete por ciento, se destinará para la atención de la violencia de género.

Los datos oficiales evidencian que la violencia de género hoy sigue desbordada, que se debe construir una estrategia integral de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres con políticas públicas que atiendan las causas estructurales, políticas que deben tener presupuesto suficiente para ejecutarlas, porque de lo contrario la integridad física, mental y emocional de las niñas, adolescentes y mujeres seguirá en riesgo.

Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)

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