Se ha construido un marco jurídico en materia de protección a los derechos de la infancia, no obstante en la práctica no se materializa el cumplimiento del acceso a la justicia para prevenir las violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes, México es el país donde más se abusa y violenta a la niñez, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La Organización de las Naciones Unidas estima que entre el 80 y el 98 por ciento de los menores de edad sufren castigos corporales en el hogar como una forma de crianza, es así que el riesgo psicosocial se genera desde la infancia.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que 29.9 por ciento de las personas mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que 12.4 por ciento lo experimenta de manera frecuente; la tasa de incidencia de suicidio es de 8 por cada 100 mil jóvenes.
Es responsabilidad del Estado mexicano el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La salud mental de la niñez debe ser tutelada por el Estado mexicano, es un asunto de salud pública.
La tragedia que se registró en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, en el que un niño de 11 años, hirió a seis personas, mató a su maestra y se quitó la vida, tiene una causa multifactorial, cuya mirada debe considerar las características y circunstancias de la historia de vida que llevó a ese niño a tomar dos armas y realizar el acto.
Es un tema relacionado con el ámbito familiar y el tejido social, así como un problema de debilidad del sistema educativo, porque el alumno no se volvió así de un día a otro; debió haber mostrado alguna alteración en su comportamiento o conducta, pero que en la escuela y en el seno familiar no fueron detectados y por ende no hubo mecanismos de alerta para acompañarlo y evitar la tragedia.
La información que se ha revelado señala que el menor de edad vivía en un ambiente criminógeno, por lo que existe la posibilidad de que desde temprana edad haya vivido situaciones de maltrato infantil y de abandono, que es una forma de violencia familiar.
Es un caso que debe invitar a analizar y reflexionar sobre los factores de riesgo de su entorno familiar, social y escolar que colocaron a ese niño de ser víctima a ser victimario.
Se deben considerar factores como la inseguridad que hace que nuestros niñas, niños y adolescentes no pueden salir a la calle a jugar porque no cuentan con las condiciones de espacios seguros; el abuso de sustancias tóxicas, así como la desigualdad económica y social.
La violencia se ha normalizado y la niñez la usa. Las niñas, niños y adolescentes la viven desde su crianza, en los centros escolares y están expuestos a la permanente promoción de la violencia en los medios de comunicación.
Es fundamental que las autoridades y la sociedad en su conjunto trabajen de manera coordinada para lograr entornos armónicos que permitan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y así fomentar la convivencia, la solidaridad y la tolerancia, valores que son fundamentales.
Es urgente que abramos los ojos y nos ocupemos de los niños que estamos formando, porque hay muchos niños que están creciendo solos sin ser huérfanos, sus padres se encuentran en empleos y ciudades precarias que lo único que producen es soledad. Los niños están solos y el Estado está ausente.
Es necesaria la atención psicológica desde las escuelas de educación básica, porque cuando las niñas, niños y adolescentes llegan a la universidad ya presentan cuadros de depresión, de estrés, de angustia y de ansiedad.
Se debe construir e instrumentar una política pública de prevención del delito con una visión incluyente, no con una visión asistencialista o excluyente, que es la que prevalece en la actualidad y que lo único que genera en la niñez es desconfianza.
Maestra en políticas públicas.
@Ale_BarralesM
