Los delitos sexuales, es uno de los flagelos más aberrantes e irreparables que se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes, en México, se estima que una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños han sufrido violencia sexual antes de cumplir la mayoría de edad; asimismo, ocurren cuatro asesinatos de niños y un feminicidio infantil cada 24 horas, ese es el clima de violencia que enfrenta la niñez en nuestro país.

Es alarmante que frente a esta realidad de violencia, se plantee la desaparición del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), mecanismo que surgió como respuesta a diversas recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y que hoy es una instancia de coordinación para la implementación de políticas de Estado en favor de la niñez.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la violencia sexual alcanza una cifra oficial de mil 764 casos, por cada 100 mil niñas y niños, de entre 12 y 17 años; 100 casos se denuncian, de los cuales solo ­10 carpetas de investigación llegan a los juzgados, pero sólo en uno se llega a una sentencia. Es así que la impunidad ampara a los agresores sexuales, en un 99 por ciento de los casos.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, arrojó que en 20.1 por ciento de los casos, los agresores sexuales son los tíos; en segundo lugar, un vecino o conocido, con 16 por ciento; los primos, con 15.7 por ciento; un desconocido, 11.5 por ciento; le siguen los hermanos, con 8.5 por ciento; los padrastros, con 6.4 por ciento; el padre con 5.8 por ciento; y el abuelo, con 3.7 por ciento.

Christian Roberto “N” fue detenido hace apenas unos días por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, porque en febrero de 2013 violó a su sobrina de 8 años de edad, a quien amenazó con quitarle la vida para que no contara lo sucedido. Tuvieron que pasar casi 7 años para que el agresor fuera llevado tras las rejas.

Otro caso, José Luis N, padre de la niña Fátima de 7 años de edad, secuestrada y asesinada en la alcaldía de Tláhuac en febrero pasado, acaba de ser aprehendido; se le acusa de haber agredido sexualmente en varias ocasiones a una niña de 10 años de edad.

El feminicidio y homicidio también acecha a la niñez, apenas el 2 de enero pasado, en el estado de Hidalgo, Luis Alfredo “N”, de 26 años de edad, les arrebató la vida a golpes a sus tres hijos de 3, 7 y 8 años de edad, tras haber discutido con su pareja.

El múltihomicida huyó al estado de Sonora, pero fue detenido debido a que antes de huir llamó a su padre, para contarle lo sucedido, y fue quien lo denunció, de lo contrario quizá estaríamos hablando de otro caso más en la impunidad.

Esa es la realidad en la que la niñez enfrenta cada vez mayor violencia, situación que lejos de cambiar crece y se recrudece.

Por ello, debemos fortalecer el Sipinna a través de políticas públicas, programáticas y presupuestales que garanticen su funcionalidad y operatividad respondiendo a las necesidades de la niñez, sin embargo, en los hechos, hemos sido testigos de cómo en los ejercicios presupuestales aprobados para el 2019 y el 2020, los recursos destinados a la atención de las niñas, niños y adolescentes en el Anexo 18, han sufrido una disminución de más de 30 mil millones de pesos lo cual, sin duda, ha redundado en la falta de funcionalidad de las instituciones y en la calidad de vida de millones de niñas, niños y adolescentes en México.

Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)

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