En México, el índice de impunidad es del 98 por ciento, por eso es necesario trabajar en la construcción colectiva de nuevas formas de pensar, practicar y asegurar la justicia en el país; juzgar con perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación, dista de ser una realidad en la impartición de justicia, pues a pesar de los esfuerzos estatales y de los discursos institucionales, no hay una comprensión sobre las implicaciones de juzgar con estas perspectivas.
En nuestro país la justicia es y ha sido un privilegio al alcance de unas cuantas personas, porque el modelo de justicia tradicional ha operado siempre desde una visión patriarcal y discriminatoria, lo que ha generado condiciones adversas cuando se habla de instalar un estado de derecho y un sistema democrático en donde cualquier persona tenga la posibilidad de exigir la garantía y la reparación de sus derechos cuando estos han sido afectados.
En el informe “No es justicia”, elaborado por la red de Ciudadanización de la Justicia en 2019, se analizaron 110 resoluciones y/o sentencias judiciales de 8 entidades: 35 por ciento correspondieron a Oaxaca; 25 por ciento, Tlaxcala; 17 por ciento, Yucatán; 15 por ciento, Ciudad de México; 4 por ciento, Campeche; 2 por ciento, Baja California, y 1 por ciento, a Chiapas y Querétaro, respectivamente.
De las sentencias o resoluciones atendían en un 40 por ciento casos del ámbito familiar-civil, de las que un 38 por ciento eran solicitudes de pensión alimenticia; 15 por ciento casos de divorcio y 32 por ciento cuestiones sobre guarda y custodia.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México tres de cada cuatro hijos o hijas de padres separados no reciben pensión alimenticia; el 91 por ciento de los casos los acreedores son las y los hijos, el 8.1 por ciento la esposa y las y los hijos, y el 0.9 por ciento las y los hijos y el esposo. El 67.5 por ciento no recibe pensión alimenticia por parte de su padre tras el divorcio, quedando en la indefensión para cubrir las necesidades más básicas.
De las 110 sentencias del informe “No es justicia”, el 55 por ciento correspondieron al ámbito penal, de las cuales el 42 por ciento de los casos implicaron violencia sexual; 25 por ciento conductas que afectaban la vida o la integridad de niñas, mujeres o adolescentes, feminicidio, homicidio, violencia familiar y lesiones.
Los resultados que arroja el informe son desoladores, en el 80 por ciento de las 110 resoluciones, las personas juzgadoras analizaron situaciones de violencia contra las mujeres de manera aislada y no como parte de una problemática social. En el 69 por ciento de esos casos, las personas juzgadoras omitieron identificar las posibles situaciones o conductas que ponían en riesgo a las mujeres y por ende no se dictaron las ordenes de protección que eran necesarias.
Son datos que explican el por qué existe una brecha amplia entre la ciudadanía y los tribunales, así como el distanciamiento y desconocimiento ciudadano sobre el quehacer de los poderes judiciales.
Se debe trabajar para mirar a todas las personas que por su desventaja económica, las asimetrías de conocimiento y un sinfín de condiciones de discriminación enfrentan dificultades para poder hacer valer sus derechos o poder defenderse, como es el caso las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es urgente cerrar esa brecha y fortalecer la relación, vinculación y comunicación entre las instituciones de justicia, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, para garantizar el acceso de la justicia en condiciones de igualdad.
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Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
