Somos una cultura que sigue normalizando la violencia en razón de género y que carece de los mecanismos institucionales de atención para los agresores, lo que repercute en las estadísticas; durante el primer semestre del año se abrieron 508 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, cifra, que desde 2015 registra un crecimiento anual sostenido, cifra que día con día confirma que nuestro país no logra disminuir el trágico record de 10 feminicidios cada 24 horas.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 la tasa general de delitos disminuyó, en tanto que el feminicidio y los delitos sexuales crecieron; comportamiento que se mantuvo en el primer semestre del año, el feminicidio aumentó un 3.3 por ciento y la violación fue un 32.6 por ciento más, con relación al mismo periodo del año pasado.
Son cifras alarmantes que, sin embargo, representan tan solo una porción del problema, ya que se estima que el 90 de esos delitos no son denunciados ante las autoridades.
El recrudecimiento de las violencias de género se venía advirtiendo desde años previos; se crearon leyes, políticas públicas y presupuestos para tratar de cambiar de manera estructural las condiciones que posibilitan las violencias contra las mujeres, esfuerzos que resultan insuficientes.
Todos los días encontramos historias como la de Novolato, Sinaloa, en donde a Patricia, de 33 años, su esposo le arrebató la vida a golpes; o como en Baja California, donde María Luisa Velázquez, de 58 años, recibió 43 heridas en el cuerpo, 20 de ellas producidas por un cuchillo que utilizó su esposo Francisco Javier Pimentel Cervantes, de 59 años, quien además la asfixió con las manos.
La ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla el trabajo reeducativo de las personas agresoras, lo cual implica mayoritariamente a los hombres, pero existen inconsistencias y vacíos para hacer efectivo este trabajo reeducativo. Se carece de los mecanismos institucionales de atención, a pesar de que están definidos en la ley.
Todavía hoy en día las mujeres tienen que reconocer que son víctimas de violencia, ir a denunciar e incluso ir a notificarle a su agresor que tienen que ir a tomar pláticas de sensibilización de 15 minutos en donde les entregan un tríptico.
Como fue el caso de una mujer acudió a un DIF estatal a denunciar que era víctima de violencia y en el DIF le dieron un citatorio para que su esposo acudiera a una plática de 15 minutos, el resultado fue que la señora terminó hospitalizada, porque, ante la notificación, el esposo tuvo una reacción violenta y la golpeó brutalmente.
En la actualidad no se propicia ni establece el reconocimiento de la responsabilidad masculina, el vínculo de la violencia con la socialización de género de los hombres y la posibilidad de transformar esas condiciones subjetivas que tienen y se relacionan con el ejercicio de la violencia contra las mujeres.
En las estadísticas, son los hombres los que se encuentran sobrerrepresentados como los responsables de la violencia en los hogares, de la violencia sexual y de los feminicidios y frente a ello los marcos legales y de políticas públicas se han quedado cortos en integrar las medidas necesarias para nombrar a los hombres que ejercen violencias contra las mujeres, para hacer justicia, y más aún, para garantizar la no repetición.
Es necesario que el Estado y la sociedad en su conjunto apostemos por una transformación individual y colectiva que vaya más allá de la sanción legal y punitiva, que, sin eximirla, permita un proceso de transformación social que inicie desde los propios hombres, para de esa manera atender el problema que tiene que ver con una construcción de fondo, de las masculinidades.
Maestra en políticas públicas
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
