Impulsada por organizaciones feministas y activistas de derechos humanos, desde el proceso electoral de 2021 la 3 de 3 contra la violencia de género se estableció como lineamiento con la finalidad de dotar de mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género, sin embargo, la suma de estos esfuerzos no ha sido suficiente para evitar que violentadores accedan al poder, tal es el caso de un regidor de Veracruz, que ha sido denunciado por acoso y violencia sexual.
La Red de Mujeres Feministas de Veracruz informó que existen al menos 16 mujeres que han sido víctimas del actual regidor, además de que se han interpuesto al menos cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Las víctimas han denunciado en redes sociales que han sido revictimizadas por las autoridades y que sus denuncias no avanzan debido al poder económico y político del presunto violentador.
A pesar de los esfuerzos emprendidos las mujeres siguen padeciendo violencias en todos los ámbitos de su vida, siguen siendo víctimas de conductas agresivas que se han normalizado como patrones de comportamiento, de relaciones jerárquicas de poder y sumisión que por décadas han permitido la construcción de una sociedad desigual que aqueja a más de la mitad de la población de este país.
De acuerdo con estadísticas oficiales, cada 24 horas al menos 20 niñas, adolescentes y mujeres sufren algún tipo de violencia, de las cuales 11 son víctimas de feminicidio. México es el segundo país con más feminicidios en América Latina. Son cifras que develan que el uso de la violencia se ha convertido no solamente en una violencia cotidiana, sino que se encuentra arraigada en patrones socio-culturales que se deben erradicar de forma estructural.
Es una realidad que duele y no se debe tolerar, debe cambiar, por ello es importante que, de política pública, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género se elevara a rango constitucional.
Con la reforma se establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
También, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Es importante que se reconozca que los actos de la vida personal o privada de una persona trasciende al ámbito público; que una persona que es capaz de violentar a su esposa, pareja, hijas e hijos, no deben ocupar cargo alguno en el gobierno.
Para algunos llevar a rango constitucional los requisitos de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género es algo excesivo, advirtieron que se le dará un uso político bajo el argumento de que las medidas que se han tomado con anterioridad no han disminuido la violencia en contra de las mujeres y tampoco han ayudado en generar más conciencia y condiciones de igualdad.
Es importante considerar que esta reforma constitucional, que deberá ser aprobada por el Senado de la República, es apenas un pequeño esfuerzo para contribuir a erradicar la violencia que hoy padecen en nuestro país miles de niñas, adolescentes y mujeres, violencia que no es solo excesiva, sino lacerante e inaceptable.
Maestra en políticas públicas
@Ale_BarralesM
