En el marco del día internacional de los derechos humanos, los relativos al medio ambiente, a la salud y a la alimentación demandan su reivindicación por tomadores de decisión.
El modelo de desarrollo económico enfocado en sacar la máxima ganancia posible de la explotación de la naturaleza y los ecosistemas ha provocado violaciones constantes al derecho humano a un medio ambiente sano, tanto de las comunidades que viven en zonas blanco del extractivismo, como de la población en general.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., párrafo quinto establece que: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el Estado garantizará el respeto a este derecho y el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Desafortunadamente, la falta de una política ambiental robusta y de regulaciones efectivas, nuestro país es el paraíso para contaminar, devastar y emitir grandes cantidades de contaminantes al ambiente en pro del desarrollo económico de unos cuantos en perjuicio del grueso de la población, comenzando por las comunidades más vulnerables. En este escenario adverso para el medio ambiente el gobierno ha fallado en garantizar el derecho a un medio ambiente sano que asegure el desarrollo y bienestar de la gente.
Para Greenpeace la justicia social y ambiental son un binomio indisoluble. El desarrollo económico no debe derivar en la destrucción de la naturaleza ni de la violación a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. El goce y ejercicio de derechos como la salud, la alimentación, el medio ambiente, los cuales quedan comprendidos dentro de los denominados DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), posibilitan a las personas, en lo individual y en lo colectivo, gozar de un nivel de vida adecuado y están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Estos derechos han sido constantemente violentados por la industria de los combustibles fósiles, de transporte y agroalimentaria. Los impactos de sus actividades en México han agudizado la mala calidad del aire, responsable de 17,700 muertes al año, principalmente de niños y adultos mayores, y más de 200 mil muertes al año son a causa de la obesidad, de las cuales más de 80 mil son por diabetes y más de 100 mil por enfermedades cardiovasculares, enfermedades relacionadas al consumo de productos ultraprocesados.
Si las decisiones del Estado mexicano continúan promoviendo el consumo de combustibles fósiles, limitando la participación en la matriz energética de las energías renovables y reduciendo el presupuesto para a combatir el cambio climático, proteger el medioambiente y los derechos humanos, el problema del cambio climático recrudecerá sus impactos tanto en el medioambiente como en las personas.
Por otro lado, vale reconocer que en materia agroalimentaria el gobierno de López Obrador, con el Decreto presidencial que marca la prohibición progresiva del glifosato y la prohibición del maíz transgénico hacia 2024, ha tomado una decisión en beneficio de la población y de los agroecosistemas, que coadyuvará en garantizar los derechos al medio ambiente sano y a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Con esto ha dado un revés a la agroindustria en cuyo frente ha estado la transnacional Bayer-Monsanto y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Este es un paso en la defensa de los derechos humanos que tenemos que reconocer sin dejar de lado que el horizonte para su ejercicio pleno aún es distante.
