Poco presente han estado en el debate público las implicaciones del Acuerdo presidencial, publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación que exenta los requisitos legales para proyectos de infraestructura prioritarios para el Gobierno Federal catalogados como de seguridad nacional.
El tramo 5 del Tren Maya ha generado graves alertas respecto al impacto que tendrá para la biodiversidad y para uno de los sistemas de cuevas y ríos subterráneos más importantes a nivel global. Sin embargo, se ha avanzado en su ejecución sin contar con una evaluación de impacto ambiental previa. Esto se ha dado a razón de dicho Acuerdo presidencial que exenta la falta de estudios de impacto, la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), su autorización y las posibles sanciones por incumplimiento a lo que mandata la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
La devastación que ha provocado el avance de obras para la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya viene de la urgencia del presidente de agilizar sus obras prioritarias a través del decretazo de noviembre de 2020, el cual otorga una autorización en positiva ficta en materia de impacto ambiental a sus proyectos. Si sigue vigente dicho decretazo, el presidente podría seguir utilizando el mismo procedimiento para construir los tramos 5 norte, 6 y 7.
Fonatur obtuvo un permiso de impacto ambiental simulado con el decretazo. Sin embargo, para hacer la situación más compleja, la autorización que Semarnat dio a Fonatur –hecha sobre las rodillas– fue para otro tipo de obras, es decir, para construir el tramo 5 sur elevado y no al ras de la selva, provocando la afectación de hábitat clave para especies amenazadas de peces endémicos, felinos y monos en riesgo de extinción, así como para el sistema de cuevas inundadas y semi-inundadas y ríos subterráneos de relevancia global. Es por ello que la autorización ni siquiera se está cumpliendo y el proyecto se construye aún más lejos del margen de la ley.
El objetivo del procedimiento de impacto ambiental es analizar los impactos ambientales, y a partir de ahí determinar cuáles serán las medidas de mitigación. Con el decretazo, se está haciendo todo al revés: primero se va a impactar el ecosistema y luego se va a ver qué se impactó, y de ahí se partirá para ver qué se puede remediar, aún y cuando la pérdida de especies ya se dio, la pérdida de hábitat ya se dio, la fragmentación de ecosistemas ya se dio, la contaminación de aguas subterráneas ya se dio...
Peor aún, este gobierno pretende construir con el mismo argumento el tramo 5 Norte que correría por 50 km del aeropuerto de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen; el tramo que comprende 254 km de Tulum a Bacalar; y el tramo 7 que va por 287 km de Bacalar a Escárcega. De tal forma que se seguiría devastando la selva como sucede desde hace 50 años, es decir, descubriendo al paso del desmonte lo que hay en el sitio. Fonatur no tiene idea de cómo es el sistema de cuevas subterráneas ni que tipo de especies de flora y fauna hay mientras va destruyendo parejo.
El presidente de la república tiene en sus manos la posibilidad de hacer las cosas distintas a las administraciones pasadas y poner en el centro de la toma de decisiones al medio ambiente y al bienestar de la gente.
Agudizar la presión ambiental de la Península de Yucatán provocada por las industrias inmobiliaria, turística y agrícola con nuevos polos de desarrollo, es una mala apuesta que puede ocasionar el efecto contrario al tan prometido “desarrollo sostenible”.
Alejandro Olivera es representante de México del Centro para la Diversidad Biológica.
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