Aleida Azamar Alonso y Yolanda Mexicalxóchitl García Beltrán
En los últimos días la Secretaría de Energía (SENER) ha sido objeto de duras críticas debido a su apresurada actuación por la publicación del “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” que se encuentra en el Diario Oficial de la Federación del pasado 15 de mayo. Dicho acuerdo se salta el análisis y los plazos legales que se requieren para que una medida de este tipo entre en vigor debido a los evidentes costos económicos que esto provocará.
Rocío Nahle, titular de la SENER, ha justificado la urgencia de su actuación debido a la reducción en la demanda eléctrica a raíz de la pandemia del COVI-19 y a la supuesta amenaza de irregularidades en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que provocan algunas de las centrales generadoras de energía renovable debido a cuestiones técnicas mencionadas en dicho acuerdo.
Esta medida desató la inconformidad del sector ya que, los empresarios aseguran que se pone en riesgo una inversión aproximada de 6,000 millones de dólares, además de 17 proyectos que se encontraban en etapa de pruebas o estaban por comenzarlas, de los cuales 10 son de tipo solar y 7 de eólica, que en conjunto producirían 1,572 Mega Watts (MW).
Distintos empresarios del ramo han acusado al gobierno federal y a sus instituciones (SENER, Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y Comisión Federal de Electricidad (CFE)), de violar la ley con estas medidas y de atentar contra el derecho constitucional a un medio ambiente sano, al limitar la productividad de la llamada “energía limpia”. Incluso, se ha señalado que se busca una contrarreforma energética para resarcir la política implementada por el expresidente Peña Nieto en el 2013 que privilegiaba la participación privada.
Ante este panorama, en el que los empresarios dedicados al sector energético consideran que sus derechos están siendo violentados, varias compañías decidieron recurrir a medidas legales en busca de un amparo que les permita continuar con sus actividades, siendo hasta ahora seis de ellas beneficiadas por el juez Rodrigo de la Peza, quien otorgó dichos amparos argumentando que las medidas federales vulneran la libre competencia económica.
Sin duda, en los próximos días nuevos amparos serán concedidos ya que al menos una docena ya han sido tramitados. A pesar del crecimiento de estos proyectos y de que las compañías renovables destacan los beneficios de este tipo de energía, también existen desventajas pues, aunque la industria asegura que con las nuevas medidas hasta 30,000 empleos están en riesgo, lo cierto es que éstos nunca se han proyectado de manera local, además no han dejado una derrama económica importante en las comunidades donde se asientan, las cuales mayoritariamente son campesinas e indígenas, también tienen efectos ambientales negativos que deben considerarse, tan sólo por poner un ejemplo para la instalación de un parque fotovoltaico en Valladolid, Yucatán se ha ocasionado la deforestación de 200 hectáreas y en otros lugares han llevado a la mortandad de aves causada por los aerogeneradores. Además, se generan conflictos sociales debido a que los habitantes denuncian pagos muy bajos por el arrendamiento de sus tierras y también surgen por la falta de consulta adecuada como lo establecen los Convenios internacionales.
Por último, es importante mencionar que existen aspectos del acuerdo de la SENER que son poco claros debido a que la redacción de este deja en el aire algunos términos que no son definidos ni en este, ni en la Ley de la Industria Eléctrica, los cuales podrían ser empleados de forma opaca en menoscabo de algunas industrias privadas. Lo cierto es que, si bien parece que el gobierno busca la defensa de la soberanía energética, está actuando de forma apresurada, por lo que la falta de acuerdos y negociación con todos los actores de este sector pueden desencadenar problemas legales en contra de nuestro país, los cuales se podrían perder de forma casi irremediable.
Aleida Azamar es profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Correo: gioconda15@gmail.com
Yolanda García es Doctorante en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Correo: ymgb1988@gmail.com
