Hasta el año 2012, la tercera parte de las entidades en nuestro país consideraban los crímenes de honor (generalmente asesinato por celos) como un atenuante que permitía al infractor cumplir penas que podían ser de hasta tres días o incluso evadir la cárcel. Todavía en algunos códigos penales se considera que el estado de emoción violenta es un atenuante que reduce hasta la mitad las penas por homicidio o lesiones, especialmente las que se dan en un entorno de violencia familiar.
Asimismo, los delitos referentes a vejaciones, maltrato, amenazas, coacciones y/o golpes que no hagan peligrar la salud (que tarden en sanar menos de 15 días de acuerdo con criterios poco transparentes) no son considerados delitos graves y en casi todos los casos son penados con multas. Es decir, en el escenario nacional en el que casi la totalidad de los infractores por delitos de índole sexual o de violencia de género son hombres, es asimétrico este tipo de marco regulatorio, el cual no solamente normaliza la violencia, sino que la promueve al facilitar que los crímenes cometidos puedan quedar zanjados por medios económicos.
Por otro lado, resalta que las mujeres que cometen crímenes de alto impacto (robo, secuestro, homicidio) en nuestro país reciben penas de prisión mucho más severas (Pradilla, 2020), pues la media de sus condenas es de 25 años, mientras que las de sus congéneres por casi los mismos delitos (a estos se les suma la violación) en promedio es de 17 años. Además, si se revisan los casos de las personas que están encarceladas y no han recibido condena, son mayoritariamente mujeres (38.5% de casos para estas), contrario a los varones (14.2% para ellos).
Es notable que existe disparidad de género en los criterios de impartición de justicia. Esta cuestión forma parte de los elementos sociales que contribuyen al desarrollo de una conciencia colectiva misógina (por eso se habla de feminicidio y no femicidio), pues las mujeres podemos ser violentadas sin que este acto genere graves consecuencias para los agresores, además bajo el mismo esquema penal solemos ser más castigadas como si se tratara de una advertencia para quienes nos atrevemos a desafiar la lógica paternalista y tradicional de la sociedad.
Si a todo esto le sumamos que no hay un protocolo integral que permita al Estado: evaluar y resolver la crisis de violencia de género que se vive hoy día (al menos 10.5 feminicidios diariamente -de los cuales por lo menos 2 son contra menores de edad-, así como 22 mil denuncias por delitos sexuales en 2019 (López, 2019), sin contar todas las denuncias anónimas realizadas en diferentes instituciones públicas o privadas) con una impunidad casi absoluta, se puede comprender por qué las mujeres nos estamos manifestando sobre la actuación de las instituciones públicas en nuestro país.
Es fundamental que para avanzar en este tema el gobierno en sus diferentes niveles transite de un proceso de confrontación, descalificación y reproche a los actos de los colectivos feministas organizados en protesta por la violencia de género, hacia un modelo de trabajo que permita cooperar con las múltiples especialistas en la temática que llevan años presentando propuestas alternativas multidimensionales.
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Correo: gioconda15@gmail.com
