Sin tomar tintes partidistas, la discusión sobre este tema debería haber girado en torno a la eficiencia técnica y práctica de la misma. Al ser una reforma que tenía como objetivo modificar los parámetros sobre los que operaba la industria eléctrica nacional era fundamental mantener acotado el tema para que fuese clara la exposición de motivos. Sin embargo, al incluir una cuestión adicional como la nacionalización del litio que tiene una naturaleza completamente distinta a la de la reforma planteada se favorece la aparición de discursos que pueden utilizar esta cuestión como base para desviar la atención del tema central sobre la equidad en la producción y distribución de la electricidad en el país, especialmente en una situación tan compleja como el escenario mundial actual con conflictos bélicos, pandemia, entre otras.
En este sentido, el rechazo de la reforma ocurrió por varias cuestiones, la primera y más importante es el evidente interés empresarial. Esto no debería sorprendernos, ya que los empresarios, quiérase o no, son actores que pueden participar en la discusión pública sobre este tema, por lo mismo pueden influir en las decisiones de nuestros representantes. La modificación en los procesos de producción y distribución limitaría las inversiones ya realizadas en el país, así como los beneficios de las mismas, que en muchos casos son la ventaja del autoabastecimiento que permite ahorrar cientos o miles de millones de pesos en costos por la electricidad empleada para grandes empresas. Tomar en consideración dichos argumentos no es del todo ético, pues son cuestiones particulares que no consideran los posibles beneficios sociales, y ya que los empresarios tienen un canal de comunicación casi directo con diputados y senadores sus argumentos tienen más peso, mientras que la ciudadanía que también puede influir tiene que hacerlo por medio de marchas y otras formas de presión colectiva que generalmente son mal vistas e incluso se les acusa de ser paleros de quienes presentan la iniciativa como se vio en varias transmisiones de la discusión de esta reforma el día domingo.
La segunda cuestión fue la redacción de la reforma ya que, aunque establecía un marco de regulación más acotado para las empresas, también desvanecía la imparcialidad de la competencia en este mercado. Y es que, si bien es importante mantener en cintura a las empresas porque estas tienden a buscar su beneficio económico sobre cualquier cosa, también es fundamental fortalecer las estructuras institucionales que permiten verificar que la ley se cumple para todos incluido el Estado. La incorporación del CENACE a la CFE generaría dudas sobre la imparcialidad que tendría esta última para dictaminar sobre casos en los que podría estar incumpliendo con la Ley.
La tercera es la presión desde nuestros vecinos del norte en el continente y también en Europa, pues esta reforma representaba una amenaza para sus intereses en términos económicos, ya que muchas empresas en el país que se benefician tanto de la figura de auto abastecimiento como de los certificados de energías limpias son de origen extranjero.
La cuarta cuestión es que el presidente subestima la importancia que tiene el sector académico y científico, la Sociedad Civil Organizada y el periodismo para influir en este tipo de procesos. Las críticas que recibió la propuesta de reforma por parte de estos sectores en muchos casos eran para destacar puntos negativos de la misma. Las mesas en las que se discutió esta reforma tuvieron nulo impacto para modificarla y plantear cambios que señalaran la voluntad del gobierno para el diálogo. La falta de cooperación le ha restado apoyo que podría haberse materializado como un beneficio efectivo para la negociación con aquellos que no estuvieran de acuerdo con la misma.
La quinta es que no se comunicó de manera efectiva el interés y efecto que tendría esta reforma para la población, en general faltó una campaña adecuada para plantear el objetivo del Estado y a su vez fortalecer el vínculo de la población con este interés, pues en tal caso se habría visto una mayor participación colectiva para apoyar y presionar a favor de la reforma.
Adicionalmente, se tomó como pretexto el tema del litio para evitar los puntos centrales de la reforma, así se escucharon posiciones que no tenían relación con la electricidad, pero sí con el litio para justificar el rechazo.
Por todas las cuestiones anteriores es que los diputados del PAN, PRI, PRD y MC fueron capaces de oponerse sin un costo político mayúsculo, pues la población en general no tenía del todo claro que implicaba esta reforma, por lo mismo su rechazo no generó malestar más allá de los propios sectores simpatizantes con el gobierno actual. Ahora bien, esto dio pie a la discusión sobre la nueva reforma a la Ley Minera, tema que será transcendental seguir revisando porque se reitera la utilidad pública para esta actividad, tema que ha sido ampliamente criticado por especialistas, académicos y activistas como una de las cuestiones más problemáticas de la Ley Minera, ya que se considera que esta actividad es preferente y se encuentra por encima de casi cualquier otra solamente con excepción de la extracción de petróleo y generación de energía eléctrica. Por lo que en la actualidad con esta Ley existen muchos problemas para que la personas puedan mantener su siembra o ganado, hasta para vivir en esos espacios.
Si bien esta situación era previsible, representa un golpe para el gobierno actual al que le restan poco más de 2 años ante la presidencia, así que sería importante rescatar lo que se pueda de esta cuestión y comenzar a construir más acuerdos entre todos antes de seguir generando polémica sin razón ni beneficio.
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