Las reformas constitucionales que buscan prohibir la minería a cielo abierto y el fracking han generado mucha discusión pública, pues el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2024 introdujo una excepción preocupante, la cual permite que el Ejecutivo Federal -a través de un comité elegido por el mismo-, autorice estas actividades en casos de intereses particulares. Esta disposición deja abierta la puerta para el posible uso indebido de esta regulación al facilitar la determinación y aprobación discrecional de proyectos que sean de interés para el gobierno, lo que pone en riesgo el propósito original de estas regulaciones.
Esto no solamente afecta la legitimidad y objetivo original de la reforma, sino que también mina la confianza social de quienes ponen su cuerpo en la defensa de sus territorios frente a este tipo de proyectos extractivos, ya que se podría pensar que con esta propuesta de reforma no existe una preocupación real por proteger al medio ambiente y a las poblaciones que se ven afectadas por estas actividades, sino que más bien se busca crear un mecanismo particular que permita seguir operando dichas actividades, pero ahora bajo justificaciones ambiguas que estarían cobijadas por eslóganes políticos.
El problema es que este tipo de controversias diluyen la efectividad de una reforma que es fundamental y urgente debido a la naturaleza dañina y destructiva de estas actividades. Para ilustrar las problemáticas que existen por parte de la industria minera se pueden mencionar casos como: el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, donde no solo se arrasó con el cerro, sino también se provocó la contaminación de acuíferos con metales pesados como arsénico y mercurio, afectando la salud de las comunidades cercanas y causando la pérdida de biodiversidad en la región, generando desplazamiento y abandono de la población local.
Otro caso es en Mazapil, Zacatecas, donde la minera canadiense Goldcorp (ahora Newmont) fue responsable del desplazamiento de cientos de familias a través de prácticas de violencia y despojo, así como por la contaminación del agua con cianuro, poniendo en riesgo la salud de más de 4,000 habitantes locales. También en el caso de Salaverna, Zacatecas, las explosiones relacionadas con las minas no solo destruyeron viviendas, sino que dejaron grietas en el suelo y provocaron el colapso parcial de la iglesia local. Además, existen múltiples denuncias de amenazas por parte de grupos vinculados a las empresas mineras para que la gente abandone sus hogares. Estos sólo son unos cuantos casos entre muchos más que se han presentado en nuestra nación.
Por otro lado, con la técnica de fracking se menciona como ejemplo lo que ha sucedido en Estados Unidos, ya que es de los lugares donde más se utiliza esta práctica y están ampliamente documentados sus daños. Entre enero de 2010 y julio de 2018, la Administración de Seguridad en Tuberías y Materiales Peligrosos de EUA (PHMSA) registró 5,308 accidentes relacionados con esta técnica, resultando en 125 muertes, 550 personas heridas, la evacuación de 27 mil habitantes y daños materiales por casi 4 billones de dólares. Estos costos no incluyen compensaciones a afectados ni los efectos ambientales a largo plazo, como la contaminación de acuíferos, degradación del subsuelo y emisión de gases tóxicos. Además, el fracking consume 5 millones de litros de agua cada día, aumenta en 4% el riesgo de asma y genera 55 sustancias tóxicas, de las cuales 20 producen leucemia o linfomas. Asimismo, esta técnica ha incrementado en 44,000% los sismos de 3 grados en Oklahoma. Debido a estos riesgos, Vermont, Maryland y algunos condados de California y Nueva York han prohibido esta técnica. Por lo que nuestro país no estaría exento de estos daños ambientales, sociales y económicos que produce el fracking.
Para finalizar vale la pena mencionar que el dictamen de esta reforma lleva detenido tres meses en la Cámara de Senadores, y es probable que se deba a presiones del lobby minero y petrolero, por lo que se hace un llamado a la presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum, para que destrabe la discusión sobre este importante tema, además para que se elimine la clausula de excepción en esta reforma, demostrando su compromiso con la sociedad y la justicia ambiental.
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco e Integrante de la Colectiva CambiémoslaYa. Correo: gioconda15@gmail.com
