Mucho se ha escrito sobre la relevancia de la minería en México y si dicha actividad ha tenido algún impacto positivo en el bienestar social, ambiental y económico de las poblaciones. Fácilmente se pueden consultar diversas investigaciones documentadas sobre este tema, las cuales dejan al descubierto varios riesgos y problemas que la extracción de minerales ha dejado no solo entre las personas y los territorios, también para las finanzas del Estado al revelarse como uno de los sectores que menos aportan en términos fiscales, además de que hay múltiples sospechas sobre supuestas evasiones.
Más allá de todo lo que se puede decir sobre dichas cuestiones, la pregunta que se mantenía vigente era: ¿por qué el Estado mexicano aceptaba tan dócilmente esta situación a pesar del amplio clamor académico, científico y social para realizar una reforma normativa a la Ley Minera y dotarla de un espíritu humano, con perspectiva ambiental y con un profundo respeto por nuestra identidad nacional en su centro?
En este contexto de forma sorpresiva, pero positiva, el gobierno federal ha planteado una iniciativa de reforma a esta Ley para por fin cambiar este modelo depredador que ha afectado a nuestro país desde hace décadas. Dicha reforma busca corregir algunas de las limitaciones de nuestro marco normativo actual, respondiendo a la deuda histórica que el gobierno tiene con la población en este tema. Se trata de un proyecto de reforma que busca cambiar aspectos que han puesto en riesgo el bienestar social y las finanzas públicas, así como el dominio de nuestro propio territorio frente a las abusivas exigencias de las empresas mineras.
Los cambios más importantes en esta propuesta de Ley son:
-La eliminación del carácter de preferencia de esta actividad que la ponía por encima de casi cualquier otra, incluyendo las de alimentación y vivienda;
-la disminución del tiempo de concesión que antes podía ser de hasta 100 años y ahora se podría reducir hasta 30;
-el intercambio de concesiones entre particulares como si fueran tarjetas coleccionables;
-dotar a las instituciones reguladoras de la capacidad de cancelar concesiones ante problemáticas graves -como los diversos desastres que hemos visto en los últimos años-;
-darle voz y voto a las comunidades para que puedan decidir sobre estos proyectos en sus territorios;
-Considerar la disponibilidad hídrica local para permitir la operación minera;
-Crear concesiones de agua específicas para la minería que durarán 5 años, contrario al modelo anterior que era opaco y falto de regulación;
-Prohibir, por fin, la minería en Áreas Naturales Protegidas y zócalos submarinos, así como la disposición de residuos en estos espacios.
Por lo anterior es notable que es un esfuerzo amplio e importante, además da gusto que se trata de un proyecto integral, pues plantea cambios en la Ley Minera, la Ley de Aguas nacionales y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), algo muy importante, ya que en México no están armonizados nuestros instrumentos normativos, lo que termina ocasionando conflictos, contradicciones y resquicios legales que permiten a las empresas operar en condiciones que afectan el bienestar público.
Si no fuera por el hecho de que se ha omitido la regulación de la extracción a cielo abierto -una de las prácticas extractivas que más daño producen, solamente para promover la actividad minera-, me atrevería a decir que probablemente es uno de los esfuerzos sociales y ambientales más importantes en materia minera mexicana en los últimos 50 años. Precisamente por ello la reforma va a generar resistencia y rechazo tanto de empresarios y políticos con intereses económicos, así como de otros países que ven en nuestro territorio un patio trasero en el que pueden hacer cualquier cosa sin importar las consecuencias. Por ello es importante que se escuchen las voces de las comunidades afectadas y que se promueva un debate público amplio y transparente.
Vale la pena recordar que las comunidades indígenas y campesinas que habitan en las zonas donde se realiza la actividad minera en nuestro país han sido históricamente marginadas y excluidas del proceso de toma de decisiones. En la mayoría de las ocasiones dichas comunidades han sufrido los impactos directos de la actividad minera en su salud, su economía y en su entorno ambiental y cultural.
La reforma propuesta a la Ley Minera busca precisamente garantizar una participación más efectiva de las comunidades afectadas en el proceso de toma de decisiones sobre dicha actividad en sus territorios, ya que incorpora medidas para promover la participación ciudadana. Asimismo, busca asegurar que las voces de dichas comunidades sean escuchadas y consideradas en el proceso de otorgamiento de concesiones y en la evaluación de los impactos ambientales y sociales de la minería.
Además, la reforma también busca garantizar que las empresas mineras cumplan con altos estándares internacionales de derechos humanos y ambientales. Esto es especialmente importante dado que la mayoría de estas empresas son transnacionales y operan en diversos países con diferentes normativas. Al asegurar que estas empresas cumplan con los estándares más altos, se protege no sólo a las comunidades afectadas, también al medio ambiente y a la economía del país.
La aprobación de esta reforma no será fácil. La industria minera en México es una de las más poderosas y ha estado históricamente involucrada en el cabildeo político. Pero la actividad minera en nuestro país no puede seguir siendo una fuente de conflictos sociales y ambientales. Se necesita una reforma profunda y comprometida que aborde las causas fundamentales de estos conflictos, además de que proteja a las comunidades afectadas y al ambiente, por lo anterior se espera que los diputados y senadores apoyen esta reforma que tendrán beneficios para todos los mexicanos.
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana.
Correo: gioconda15@gmail.com
