Con la reciente aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley minera en la Cámara de Diputados, se ha discutido mucho sobre la importancia de escuchar y darle un marco de apoyo a las empresas mineras, ya que se ha mencionado que se pone en riesgo el crecimiento económico y el bienestar que impulsa esta industria. Pero, contrario a la creencia popular y a los dichos empresariales, la realidad demuestra que este sector aporta migajas a la sociedad sobre todo como actualmente está reglamentado. A continuación se comentan algunos datos sobre este tema.
En nuestro país existen al menos 16 municipios mineros de importancia mundial por el tamaño y tipo de yacimientos ubicados en ellos, antes eran principalmente metales preciosos, pero ahora también se incluyen los depósitos de litio. Al ser de yacimientos de importancia internacional se podría pensar que los lugares en los que se instalan u operan estos proyectos se transforman en áreas de gran riqueza económica y desarrollo. Sin embargo, literalmente, dichos proyectos cumplen con los principios de la filosofía economicista neoclásica: “tienen un tremendo éxito empresarial, pero son una terrible desgracia social”.
Las comunidades cercanas a los espacios donde se extraen minerales -principalmente metales preciosos-, conviven con esta actividad desde hace décadas, pero sin que existan evidencias de mejoras significativas en la calidad de vida de las personas.
Los principales municipios productores de plata y oro en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Coahuila y el estado de México, destacan por sus altos niveles de pobreza a pesar de la extracción intensiva de minerales. En estas regiones es patente la contradicción entre la existencia de ricos yacimientos de minerales preciosos y poblaciones en condiciones de suma precariedad. Tan solo en 2019, el valor de la producción de esos minerales fue de 99 mil 816 millones de pesos, pero esa riqueza no permanece en las localidades de donde se origina, por el contrario, los niveles de pobreza y pobreza extrema rebasan el promedio nacional.
En 17 de los 20 municipios con la mayor producción de plata, el 43% de la población vive en condiciones de pobreza y el 11% en pobreza extrema (Secretaría de Economía, Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2019; Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social, Secretaría de Bienestar, 2020 y 2021). Adicionalmente, en 18 de los 27 municipios con la mayor producción de oro, el 40% de la población está en situación de pobreza y 9% vive en pobreza extrema (SE, 2019; SB 2020 y 2021).
En las zonas productoras de oro, 23% de la población tiene rezago educativo, 28% carece de al menos uno de los servicios básicos en la vivienda: acceso a agua potable, drenaje, electricidad y combustible para cocinar; 12% no tiene acceso a los servicios de salud; 64% no cuenta con seguridad social, lo que vulnera su capacidad para enfrentar accidentes, enfermedades o circunstancias como la vejez y el embarazo (SE, 2019; SB, 2020 y 2021).
En las zonas productoras de plata, 23% de la población tiene rezago educativo, 31% carece de al menos uno de los servicios básicos en la vivienda, 13% de la población no tiene acceso a salud y 65% no cuenta con seguridad social.
Con el fin de contextualizar el impacto de estas cifras es útil destacar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) menciona que las personas en situación de pobreza extrema disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la compra de alimentos, no podrían adquirir aquellos necesarios para tener una vida sana. Además, las personas en pobreza en estos territorios tienen al menos una carencia social, que puede ser: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Asimismo, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer el conjunto de sus necesidades.
Por lo anterior es importante destacar que uno de los elementos que la reforma a la Ley Minera plantea es la necesidad de garantizar una contraprestación del 7% de la utilidad minera a los habitantes de un territorio que haya sido concesionado. De esta forma se busca compensar a las personas por los riesgos y daños que esta actividad provoca, por lo que consideramos que es necesario aprobar la iniciativa de reforma minera en el Senado, pues a pesar de las modificaciones que se le hicieron en la Cámara baja, esta reforma sería el único mecanismo con el que podría contar la población para defenderse de abusos y atropellos de esta industria.
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana. Correo: gioconda15@gmail.com
