El freno que el Senado impuso a la iniciativa de reforma a la Ley Minera ha vuelto a destapar los colores e intereses que rigen la política en nuestro país. Basta con recordar las célebres palabras del entonces Secretario de Medio Ambiente Juan José Guerra Abud ante el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, señalando que su dependencia no tenía facultades para quitar la concesión. Dicho desastre que actualmente sigue sin resolverse y que no tuvo un solo detenido de los responsables -pero sí de los afectados-, que además está afectando la salud y el bienestar de los pobladores, podría haberse prevenido y sancionado de haber existido los mecanismos para ello.

La iniciativa de reforma a la Ley Minera como se presentó originalmente plantea mecanismos de trabajo para ayudar a disminuir los riesgos de las presas de jales -algo que se rasuró durante su paso por la Cámara de diputados-, se propone crear redes de seguridad para las poblaciones afectadas por estas actividades, se fortalecen los mecanismos de vigilancia de las obras; además, se adicionan causales específicas para la cancelación de concesiones donde tengan lugar este tipo de desastres. No existe motivo humano, ético o profesional para detener la aplicación de un cambio de esta magnitud.

Las y los senadores que han expresado la necesidad de un parlamento abierto para discutir los alcances de la reforma lo han dicho desde la perspectiva empresarial y de los intereses privados, ya que nunca se mencionó la importancia de convocar a las y los afectados, sean trabajadores o pobladores, no se mencionaron los altísimos costos socioambientales de la práctica minera, ni se ventilaron los múltiples casos documentados de corrupción política y criminal con los que se asocia a este sector.

En este momento es fundamental que se apruebe la reforma minera, los cambios adicionales que se requieran -que sabemos que faltan varias cosas- se pueden ir dando después, por pasos y en la medida que la realidad los demande, pero la población afectada ya no puede aguantar más abusos y atropellos. No podemos permitir que se repita otro derrumbe como el de la mina Pasta de Conchos en 2006 con un saldo de 65 mineros muertos; otra filtración de cianuro como la presa la purísima en Guanajuato en 2010; un nuevo derrame de millones de litros de químicos altamente tóxicos y metales pesados en el río Bolaños en Jalisco también en 2010; más contaminación en el río Chinipas en Chihuahua en el mismo año que destruyó el equilibrio de la biósfera; el derrame de millones de litros de químicos de la presa de jales de la mina Peña Colorada en el río Marabasco y la Reserva de la Biosfera de Manantlán en 2013; el asesinato de cientos de animales de ganado por el derrame de cientos de litros de agua con cianuro en el arroyo de la Cruz en Durango; el derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico en el río Santa Cruz en Sonora en 2014; la contaminación del río Sonora y Bacanuchi con más de 40 millones de desechos tóxicos en el mismo año; la destrucción y envenenamiento del ecosistema en el río en el río Cata en Guanajuato en 2015 por el derrame de casi mil galones de líquido de la pileta de jales; la contaminación del municipio de Nacozari por el derrame de 10 mil litros de ácido a raíz de la volcadura de un carro tanque en 2016; la contaminación del río San Martín en Zacatecas con más de 20 mil litros de agua contaminada con sedimentos en 2019; otro derrame de 3 mil litros ácido sulfúrico en el Mar de Cortés; además de los asesinatos y las incriminaciones de cientos de mineros en tiros verticales de carbón no regulados -cuyo caso más reciente es el de Pinabete-.

La sociedad ya no aguanta más abusos y atropellos por parte de las grandes empresas mineras que además han sido solapadas por los gobernates, así que les urgimos, senadores y senadoras, a que destraben la discusión, aprueben la reforma y apoyen a quienes realmente los necesitan, ya que el pueblo de México es el que los eligió. Es un momento histórico en el que pueden ser recordados durante décadas por todas las vidas y espacios que pueden proteger y salvar.

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