La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. La cita anterior es de Marx y al parecer aún después de más de 170 años sigue aplicando para describir la triste situación que está ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla, pues más allá de lo que se pueda argumentar sobre la naturaleza de los problemas económicos que atraviesa una empresa del calado de Pemex, lo cierto es que no existe justificación válida para que en la misma locación donde ya sucedió un “accidente” y en el que supuestamente están presentes especialistas de seguridad y equipos de trabajo para resolver el problema, vuelva a presentarse otro evento igual que el anterior.
Hace unos días en otro artículo que publiqué en este mismo medio denunciaba el enorme derrame petrolero en el municipio de Francisco Z. Mena en la Sierra Norte de Puebla, el cual no ha sido resuelto ni tampoco se le ha dado la atención política y mediática necesaria. Y justo este miércoles 10 de enero -apenas 9 días después del primer incidente-, sucede otro “accidente” en el municipio vecino de Venustiano Carranza de la misma entidad.
Este segundo evento no solo agrava la situación ambiental ya precaria en la zona, sino también evidencia la ineficacia de las medidas preventivas y correctivas que Pemex debería haber implementado tras el primer derrame. Lo que es aún más preocupante es la aparente indiferencia tanto de la empresa como de las autoridades correspondientes, pues no se ha compartido algún comunicado de la empresa ni tampoco se ha hecho pública la postura oficial del gobierno sobre la situación y las formas en que se buscará apoyar a los afectados.
La realidad que enfrentan los habitantes de estos municipios es desoladora, pues el derrame no solo contamina los ríos, sino que la falta de rapidez en el manejo del químico está poniendo en riesgo el subsuelo ante la posibilidad de que este se pueda filtrar afectando de forma más grave este territorio. Dado que la agricultura es la principal actividad económica de estos municipios, este desastre ambiental tiene el potencial de devastar la capacidad de subsistencia de este lugar, además de provocar efectos negativos en largo plazo en la salud pública local, algo que parece ser ignorado por los responsables.
La corrupción y la incompetencia son las principales causas detrás de estos desastres, ya que es evidente que existe una falta de supervisión y un incumplimiento de los estándares de seguridad en las operaciones de Pemex. Este patrón de negligencia no solo cuestiona la capacidad de la empresa para manejar sus operaciones de manera segura, sino que pone de manifiesto la urgente necesidad de una reforma integral que priorice la seguridad y el bienestar de las comunidades y el medio ambiente sobre las ganancias y los intereses políticos.
Es crucial reconocer que no se trata solo de incidentes aislados, sino de síntomas de un problema mucho más profundo y arraigado en el sistema. La repetición de estos desastres no es una coincidencia, sino el resultado de una cultura de impunidad y desdén hacia las normativas de seguridad y protección ambiental. Este patrón de desastres ambientales debe ser un llamado a la acción no solo para las autoridades y para Pemex, sino también para la sociedad en su conjunto.
La falta de cobertura mediática adecuada sobre estos incidentes es otro aspecto alarmante, pues esta omisión no solo deja a las comunidades afectadas sin voz, sino que también permite que los responsables eviten el escrutinio público y, por ende, cualquier forma de rendición de cuentas, por lo que como sociedad civil debemos denunciar estos actos, supliendo la falta de acción por parte de los medios tradicionales y las autoridades.
Es momento de que exigir explicaciones al gobierno, no solo en términos de reparación del daño causado, sino también en la implementación de medidas estrictas para evitar que estas tragedias se repitan. Las comunidades afectadas merecen justicia y seguridad, la sociedad en su conjunto merece respeto y no el desdén que están demostrando nuestros gobernantes.
Es necesario actuar de manera transparente y decisiva para restaurar la confianza pérdida, así como para garantizar la protección de la salud, el medio ambiente y el bienestar de la población. En última instancia, estos incidentes deben servir como un recordatorio de que la negligencia y la corrupción tienen consecuencias reales, además de devastadoras, y que es imperativo abordarlas con la seriedad y urgencia que merecen.
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana. Correo: gioconda15@gmail.com
