En coautoría con Beatriz Olivera, Grecia Rodríguez, Iracema Gavilán e Isidro Téllez
El pasado lunes 22 de julio se conmemoró el día mundial contra la minería a cielo abierto. Esta fecha es de gran relevancia, ya que representa un logro social y colectivo de las personas afectadas por esta actividad, quienes lograron que varios organismos internacionales reconocieran oficialmente esta lucha y resistencia frente al gran poder económico e influencia política de las empresas mineras.
La minería a cielo abierto es una práctica extremadamente destructiva que requiere la creación de enormes boquetes en el suelo, con profundidades que pueden alcanzar hasta un kilómetro. Para llevar a cabo estas excavaciones, se utilizan maquinaria pesada y explosivos, lo que resulta en la remoción de vastas cantidades de tierra y roca, transformando radicalmente el paisaje, provocando consecuencias devastadoras para los ecosistemas locales, como: deforestación, pérdida de hábitats, contaminación de fuentes de agua, emisión de polvo y sustancias tóxicas. A esto también se puede agregar el impacto en las comunidades locales, quienes enfrentan violencia de parte de las empresas para imponer esta actividad, desplazamientos forzados, pérdida de medios de vida y deterioro de la salud debido a la contaminación y las condiciones peligrosas asociadas con esta práctica.
Por estas razones resulta fundamental que se lleven a cabo discusiones, foros y actividades que permitan mantener presente que la minería a cielo abierto debe detenerse. Es así que en el marco de esta fecha se organizó la mesa de discusión sobre el día mundial contra la minería a cielo abierto en la que participamos: Aleida Azamar, Beatriz Olivera, Grecia Rodríguez, Iracema Gavilán, Isidro Téllez y Gabriel Rosas, todos académicos, activistas y especialistas en el tema.
Durante nuestras intervenciones, destacamos que la extracción y el beneficio minero en México han aportado menos del 1% del PIB en los últimos años, y en ciertos momentos han contribuido con apenas 0.5% a los impuestos nacionales, a pesar de generar multimillonarios beneficios anuales, que solo en 2023 ascendieron a más de 316 mil millones de pesos. Además, señalamos que los empleos generados por esta industria solo benefician a poco más de 100 mil personas, lo que representa apenas 0.16% de la población económicamente activa (PEA). Mencionamos también que estos trabajos suelen ser riesgosos y precarios debido a las formas de terciarización que aún existen dentro de estas prácticas a pesar de ser contra la ley.
Del mismo modo destacamos que la minería a cielo abierto, aporta hasta 59% del valor de la producción minera nacional, y que por ello, a pesar de los esfuerzos de la población y de las últimas reformas del gobierno en torno a este tema, no se han eliminado estas prácticas tan peligrosas entre las que destacamos la destrucción comunitaria y ambiental provocada en el Cerro de San Pedro; los múltiples conflictos violentos que han involucrado a varios defensores ambientales en Zacatecas; la violencia y desplazamiento contra las comunidades indígenas Wirikutas en San Luis Potosí, entre otras.
Por lo mencionado anteriormente, las y los expositores en este foro rechazamos tajante las notas publicadas por organismos mineros que tergiversaron la información presentada por nosotros, tratando de mostrar a la minería bajo una luz positiva que distintas investigaciones científicas han demostrado que no posee.
Asimismo, nos solidarizamos con la población afectada por la minería en general y a cielo abierto, reconociendo el sufrimiento y las injusticias que enfrentan diariamente. Además aprovechamos para hacer un llamado a la comunidad, a las autoridades gubernamentales y a la sociedad civil para que se unan a esta causa y promuevan alternativas sostenibles que respeten los derechos humanos y comunitarios, así como que protejan a la naturaleza sobre los intereses económicos de la voracidad de las empresas mineras.
Correo: gioconda15@gmail.com
