Las graves violaciones a la libertad religiosa registradas en perjuicio de la Iglesia Católica en Nicaragua, arreciadas desde el año pasado no tienen parangón con otro país latinoamericano, destacan los excesos cometidos contra los ministros de culto como obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos; reflejan el totalitarismo del cual es adepto el gobierno encabezado por Daniel Ortega. Algunos antecedentes son la expulsión del Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw y de 18 religiosas de la Orden de las Misioneras de la Caridad (fundadas por la Madre Teresa de Calcuta), así como el exilio forzoso de Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, a Miami, Florida.
Aunado a lo anterior, el 19 de agosto de 2022, las autoridades ordenaron la privación de la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, ejecutada por parte de las fuerzas represivas de Ortega, las cuales irrumpieron en edificios destinados al culto como la Curia Episcopal, configurando un allanamiento ilícito para ponerlo bajo arresto domiciliario, primero in situ posteriormente en una vivienda de Managua, en lo que se conoce como “casa por cárcel”.
La causa de su detención, una acusación de desestabilización y provocación al régimen de Ortega, debido al discurso del prelado denunciando la clausura de medios de comunicación de su diócesis y su enérgico reclamo al gobierno nicaragüense de respetar el derecho de libertad religiosa, violentado por estos actos. Cabe recordar que, tras su detención, la policía también prohibió las procesiones religiosas alegando “razones de seguridad”.
Luego, al más viejo estilo despótico le ofrecieron “cárcel o destierro”. Así las cosas, el 8 de febrero decidieron su deportación a los Estados Unidos, junto con otros sacerdotes, seminaristas y laicos. Sin embargo, no fue considerada su petición de reunirse con los demás obispos antes de emprender el viaje, negándose rotundamente a subir a la aeronave permaneció impávido. En represalia, un día después, a través de un juicio anticipado y violatorio de todas las garantías procesales, por ejemplo, la presunción de inocencia, el régimen de Ortega le condenó a 26 años y cuatro meses de prisión en la cárcel La Modelo de Tipitapa conocida como “el infiernillo” convertida en el gulag del orteguismo (a las afueras de Managua) acusado de “conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades”. Más aún, el 15 de febrero le retiraron la nacionalidad nicaragüense al igual que al obispo Báez.
Una vez más se comprueba que la libertad de expresión es la primera combatida por los regímenes totalitarios, por eso atentan contra la libertad de palabra y de prédica, incluida aquella realizada a través de mass media, imponiendo la censura, la privación de la libertad, el secuestro o la expulsión del país a los ministros de culto que ejerzan su derecho a la crítica general y también por no alinearse a los caprichos del tirano, al extremo de confiscar los medios de comunicación propiedad de la Iglesia Católica y de otras comunidades religiosas. Seguido de la violación del derecho de libertad religiosa, íntimamente ligado a otros, como la libertad de expresión, reunión, asociación y educación, al igual todos están siendo atropellados en Nicaragua y si alguien opone resistencia en automático padece una capitis deminutio a cargo del autócrata. Por tanto, las interrogantes ante la flagrante violación a dichas libertades ¿dónde está la voz de los defensores de los derechos humanos? Y ¿dónde la condena férrea de las democracias occidentales? Haciendo mutis.
Universidad Iberoamericana.
alberto.patino@ibero.mx
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