Lo que parecía el inicio de un proceso de memoria y verdad para abrir los archivos militares e investigar las atrocidades cometidas a las víctimas del terrorismo de Estado de los años 60´s a los 90´s del siglo XX, se convirtió en otra desilusión para diversos colectivos de víctimas, como el Comité 68 e Hijos México. Contrario con lo que debería ser un acto de responsabilidad del Estado por haber ocasionado directamente las violaciones a derechos humanos hacia integrantes y familiares de estos colectivos, el general secretario Crescencio Sandoval, agradeció al Presidente de México por eximir a las fuerzas militares de su responsabilidad y permitirle “la inscripción de militares caídos en esos años en el Muro de Honor”, poniendo a los victimarios en el mismo nivel que a las víctimas.
El Presidente nuevamente vuelve a confundir los procesos de justicia transicional y restaurativa con políticas de borrón y cuenta nueva. Representando todo lo contrario a un proceso de reparación coherente e integral que incorpore diversas medidas orientadas a la memoria, verdad, justicia y a la no repetición de los hechos. Queda claro que López Obrador desconoce de políticas de justicia y atención a víctimas, se lo hizo saber a Javier Sicilia cuando era candidato, invitándolo públicamente a ser parte de su gabinete para que se hiciera cargo del tema. Sin embargo, a pesar de la ignorancia presidencial, quiere seguir controlando el proceso y utilizarlo para quedar bien con sus principales aliados, las Fuerzas Armadas; sin reconocer que este asunto deberían liderarlo las víctimas y sus colectivos, acompañadas de organizaciones sociales y organismos internacionales de derechos humanos.
Los procesos de responsabilidad del Estado que se ligan a acciones de memoria y verdad, pueden llegar a convertirse en el inicio de una nueva relación con el Estado. Para Carlos Martín Beristaín, estas políticas deben estar basadas “en el respeto y la dignidad de las personas, y el restablecimiento de una cierta confianza” ¿Cómo? A través del cumplimiento de compromisos construidos con las víctimas, los cuales deben estar encaminados a alcanzar la justicia y contar con una firme disposición política de rompimiento con el pasado; reconstruyendo la confianza en las instituciones del gobierno mexicano que se perdió por los actos terroristas cometidos por las Fuerzas Armadas, apoyadas por un partido hegemónico, el PRI, que tenía control absoluto sobre los tres poderes de la república.
Que las víctimas y organizaciones sociales lideren los trabajos no quiere decir que se excluya al Estado, para nada, la Secretaría de Gobernación y las Fuerzas Armadas deben estar presentes, pero no para imponer una narrativa o controlar el proceso, sino porque su presencia es esencial por ser las dependencias que cometieron las violaciones a derechos humanos del pasado. Sentar, juzgar e identificar a las personas e instancias públicas que cometieron los actos terroristas en contra de civiles, envía un mensaje de reconocimiento del dolor que causaron y su disponibilidad a que se ejerza un adecuado control ciudadano sobre ellas, mostrando su apertura para colaborar en esta nueva relación que se quiere construir con el gobierno de México.
Por la verdad y la justicia, espero que la indignación de las víctimas ante el inicio de este proceso sea tomada en cuenta por las autoridades, se reconozcan los errores, se pida perdón por lo sucedido y se tomen en cuenta los pronunciamientos del Comité 68, las declaraciones de las y los integrantes de Hijos México y los elementos de preocupación que señaló la CNDH sobre equiparar a las víctimas con los victimarios y con los cómplices de las desapariciones forzadas, los asesinatos y los actos de tortura.
Quedan pendientes, también, los cambios en las políticas de seguridad militarizada; las campañas locales y nacionales de atención a víctimas del pasado y del presente; la creación de comisiones de la verdad independientes al Estado, pero financiadas con recursos públicos; llevar a un juicio justo a los responsables de los cientos de miles de asesinatos que están impunes y localizar a las más de cien mil personas desaparecidas. Solo así se podrá alcanzar una verdadera reconciliación nacional y una transición a la democracia.
