Nuestro país inicia un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Poder Legislativo, el cual se está caracterizando por ser una constante disputa de extremos, no sólo por razones ideológicas–partidistas, sino también por sesgos que no en pocas ocasiones rayan en la intolerancia. Lamentablemente, los argumentos que probablemente se presentarán en las tribunas estarán más enfocados en comunicar argumentos electorales que de convencer a las fuerzas políticas opuestas entre sí. Los temas más álgidos que se discutirán serán, una vez más, las iniciativas preferentes del Presidente: la reforma política electoral y la militarización del país por medio de la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA.
El modo en el cual la presidencia está procesando estas reformas, parte nuevamente de una cultura que asume que “un solo hombre” sabe mejor lo que le conviene al país, por lo que se cierra a las críticas y descalifica a cualquier otra persona u organización que pueda tener una postura distinta. La polarización y la falta de apertura al diálogo causará que las propuestas presidenciales que requieren dos terceras partes del Legislativo puedan ser detenidas en el Senado y, aquellas que no lo requieran y se logren concretar, nos quedarán a deber un proceso de inteligencia colectiva.
La militarización será el tema más álgido, principalmente porque López Obrador ha manifestado el absurdo de querer por decreto, violar la Constitución; como lo han denunciado juristas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y, de manera contundente, el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, en su séptima carta pública dirigida al Presidente.
La férrea defensa de las y los legisladores de Morena, no dispuestos a cambiar una sola coma de las iniciativas presidenciales, impiden que asuntos tan importantes como la democracia y la seguridad, sean atendidos con la responsabilidad de considerar a las reformas, la opinión ciudadana y las buenas prácticas de políticas nacionales e internacionales. Por ello, es importante que hagamos lo posible por debatir estos temas durante el tiempo que sea necesario y se sujeten a férreos mecanismos de control ciudadano, participación social y transparencia. Esto implica la realización de Parlamentos Abiertos reales, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, así como espacios públicos en los que la ciudadanía pueda confrontar a los partidos y puedan cuestionar las posturas que tendrán en las votaciones.
Esto con el objetivo de no simular que se dialoga, como pasó con la desaparición de los fideicomisos y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la renombrada #LeyCombustóleo; reformas que fueron aprobadas pese a las protestas e inconformidades de artistas, científicos, víctimas de la violencia, periodistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas. Las reformas legislativas requieren estar realmente abiertas a los cambios y aportaciones de todos los partidos e incorporar la opinión de ciudadanos y personas expertas en los temas que se discutan.
Existen otros asuntos que están pendientes y que podrían realizar cambios tangibles, pero que no se les está dando la importancia que merecen. Por un lado, la propuesta de Movimiento Ciudadano #VacacionesDignasYa, que tiene el objetivo de duplicar en un inicio el número actual de días de vacaciones hasta llegar progresivamente a 20 días de descanso; por otro, la correcta regulación y despenalización de la Cannabis dentro de la ley federal de salud y, en términos industriales, considerar su importancia en la cadena de valor para la elaboración de diversos productos derivados del cáñamo.
Es momento también de aprobar la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene un retraso de 20 meses y por la cual, el poder legislativo se encuentra en clara omisión. Para ello, se requerirá la presentación ante el Congreso del anteproyecto de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que la titular del Conacyt lideró y que, incluso, ya fue presentado en la Comisión para la Mejora Regulatoria; pues lamentablemente al igual que en los peores tiempos del Priismo, nada se abre a discusión si el partido mayoritario no tiene interés de hacerlo.
Asimismo, es necesario que se consideren los mejores elementos de la iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que presenté el año pasado en el Senado en conjunto con los colectivos RedProcienciaMX y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt). Esperemos que el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre sea fructífero y se aprueben los cambios que México necesita. Recordando al Presidente y a todas las fuerzas políticas que, si se busca el bienestar ciudadano, es necesario considerar que una buena política pública puede provenir de cualquiera de los partidos.
Nota: Quiero manifestar mi completo apoyo y solidaridad a la rectora del CUValles, de la Universidad de Guadalajara, la Dra. María Luisa García Bátiz y al profesor Alejandro León Dávila, por las amenazas e intimidaciones infringidas por el gobernador del Estado de Jalisco Enrique Alfaro, el pasado viernes.
El día de ayer el rector general de la UDG Ricardo Villanueva, en un acto de altura política, realizó un nuevo intento por tender un puente de entendimiento con el gobernador para resolver al conflicto. Enrique Alfaro respondió y lo rechazó con un comunicado más cercano en doblar la apuesta al conflicto que optar por vías de resolución.
