Esta semana nuestro país inició con un semáforo epidemiológico esperanzador: ningún estado en rojo y 20 entidades en verde. Por ello, diversas instituciones que hasta hoy se mantenían en un esquema de educación a distancia, han estado modificando su plan de protección sanitaria ante el COVID-19 para pasar a un esquema educativo presencial. La ilusión para millones de niños, niñas, adolescentes y adultos que ya volvieron y otros que volverán a reencontrarse en las aulas físicas, se contrasta con la desesperanza de millones más que desertaron de la educación en el último año y medio.
En marzo de este año, la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación, publicada por el INEGI, reveló que en el pasado ciclo escolar dejaron de inscribirse más de cinco millones de estudiantes. Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que tenía datos diferentes a los del INEGI, pero estimó que alrededor de un millón de estudiantes habían desertado durante la pandemia. Lo cierto es que la crisis sanitaria está dejando una estela de impactos sociales amplia y profunda que aún no puede ser calculada o percibida en su totalidad.
Ambas estimaciones, nos hablan de un grave problema: la trayectoria académica de millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos se encuentra en pausa o ha concluido para siempre. Para que esto cambie, es necesario impulsar una política especial en materia de educación, pues el regreso a las aulas de las comunidades educativas que se encuentran activas es esencial, pero hay que considerar también a aquellas personas que por diversas razones dejaron de inscribirse en los niveles que cursaban.
Para empezar, es necesario hacer un padrón en todas las instituciones de educación pública que nos permita conocer el verdadero universo de personas que desertaron y conocer los por qué. Tanto la encuesta del INEGI como los datos de la SEP son importantes, pero más que tener una cifra, hay que conocer los motivos y escuchar a las familias que dejaron de inscribir a sus hijos y a los adultos que dejaron sus estudios, para acercarnos a su realidad y que ellas mismas puedan proponer y participar en la toma de decisiones. Las Becas Bienestar y las ayudas sociales estaban y están ahí, pero aún así no impidieron la deserción escolar, por ello, debemos plantear nuevos esquemas con la opinión y apoyo de las comunidades afectadas.
Las Universidades públicas son quienes más incidencia de deserción tienen, según la SEP este problema ha pegado con mayor fuerza en educación media y superior. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna respuesta para apoyarlas y hacer lo posible para que estos jóvenes regresen a las universidades y no se integren de manera prematura en el mercado laboral, si es que tienen la suerte de encontrar algún trabajo. En la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 no hay un aumento de recursos en términos reales para las universidades públicas. Sin aumento de presupuesto no se puede ampliar la cobertura o hacer las adecuaciones en los programas y en la infraestructura. La educación virtual requiere de grandes inversiones para las instituciones y de aumentar los apoyos para las y los estudiantes.
El padrón y las respuestas también deben tener una perspectiva de género y de transversalidades. Los impactos son diferenciados y son más profundos en comunidades históricamente vulnerables como las niñas, mujeres, personas indígenas y con alguna discapacidad, o aquellas que han sido víctimas de la violencia. Esto, podría complementarse con un estudio elaborado por las propias universidades públicas respecto a los impactos, necesidades y cambios que se requieren para que las y los estudiantes no interrumpan sus estudios.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), algunas de las políticas que podrían reducir el abandono escolar, además de las transferencias monetarias directas, es la implementación de programas de nivelación y aceleración de aprendizajes. Que nadie haya reprobado el año escolar en educación básica fue una buena decisión, pero esta tiene que estar acompañada de un programa especial para que no se cree una brecha que provocará una deserción futura por no contar con los conocimientos de acuerdo con el nivel en los que llegó la pandemia. Una política sostenible, es aquella que no está pensada solo para el momento inmediato, conlleva una continuidad en el tiempo, un monitoreo y que vaya más allá de los gobiernos en turno.
El BID, también sugiere una financiación especial, programa de subsidio o, en mi opinión, algún tipo de beneficio fiscal para las escuelas privadas. La participación de particulares en la educación, que no son otra cosa más que concesiones de un servicio público, surgió por la imposibilidad del Estado de alcanzar la cobertura total de la educación, así como por el retraso en los diseños instruccionales, todo lo relacionado con la gestión educativa y el retraso en la innovación tecnológica. Hay que hacer todo lo posible por mantener la matrícula en las escuelas privadas y aumentar el número de becas para la población de menor ingreso y aquellas familias a las que les disminuyeron o desaparecieron sus ingresos durante la crisis sanitaria.
La pandemia en la educación, según la UNICEF, nos da también una oportunidad para repensar los sistemas educativos, aprovechando la experimentación masiva y la innovación que se generó a raíz de convertir la educación de todo el país de un sistema presencial a uno a distancia, híbrido o virtual. La interactividad en los materiales educativos, tienen que llegar a toda la población, existen también una variedad de estilos y necesidades de aprendizaje que deben ser considerados a la hora de planear los cursos, sin olvidar hacer una revisión a los programas y oferta educativa para afrontar los cambios laborales que se está generando por la automatización de algunos trabajos (generada por nuevas técnicas, instrumentos y el desarrollo de inteligencia artificial).
La creación de una política especial con una temporalidad para que regresen a las aulas físicas o virtuales todas aquellas niñas, niños, jóvenes y adultos que desertaron en los últimos dos periodos escolares, permitirá que no se aumenten las brechas y desigualdades existentes, y les devolverles la esperanza y la ilusión a millones, por tener una nueva oportunidad de continuar con el proyecto de vida que se habían planteado antes de la pandemia a través de la educación.
