Si el gobierno no da los suficientes recursos económicos para la educación superior, quienes terminarán pagando la ausencia de las obligaciones del Estado, serán las futuras generaciones de estudiantes y profesionistas mexicanos. Lo pagarán por medio de la compra y gasto de insumos, servicios, materiales y tecnología, que afectará todavía más los bolsillos de los quintiles más bajos de la población. Más aún, lo pagarán más caro con la discriminación del mercado que seleccionará y pagará mejor a egresados de instituciones de educación superior privadas que de las públicas.
Los recursos destinados para las universidades públicas en México programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 que están por aprobarse en el Congreso, no presentan un aumento significativo respecto a la inflación estimada. Y, como ya sabemos, la inflación seguirá aumentando de manera desmedida en tiempos de pandemia, dejando a las universidades sin un aumento presupuestal en términos reales.
Este contexto genera que las universidades estén constantemente buscando nuevas fuentes de financiamiento para cumplir con sus compromisos: estableciendo cuotas de recuperación en el pago de matrículas, pagos de procesos y exámenes de ingreso, rentando sus instalaciones para todo tipo de eventos y llegando a los extremos de convertirse, como ya se hizo en el sexenio de Peña Nieto, en proveedores de todo tipo de servicios para el sector público y privado. Con la corrupción de la llamada “estafa maestra” como corolario.
La privatización implica necesariamente una reducción de las obligaciones del Estado en cualquier rubro, frente a ello las universidades y centros de investigación tienen que integrar en sus políticas internas la supervivencia económica y una austeridad permanente. Aquellos centros universitarios que logran insertarse en la lógica del mercado y responder a sus necesidades, captan la mayor cantidad de recursos privados disponibles, mientras que las universidades con una óptica distinta pierden relevancia social (por considerarlas poco productivas o relevantes en términos de mercado) y, por ende, su viabilidad financiera.
La reducción de la participación presupuestal del Estado provoca también que las familias de las y los estudiantes tengan que cargar con los costos que generan cursar una licenciatura o una especialización. Si las universidades no cuentan con una infraestructura suficiente, con laboratorios y materiales más avanzados, sólo aquellos estudiantes que puedan pagar o acceder a ellos podrán concluir sus estudios, manteniendo las brechas históricas de la desigualdad.
No es gratuito que durante 2020 y 2021 en México a causa de la pandemia y por el paso obligado de una educación presencial a una virtual, se haya disparado la deserción en la educación media y superior. Solo quienes pudieron cubrir o solventar los gastos de internet, contar con dispositivos móviles o computadoras actualizadas y el pago de luz en sus hogares, pudieron mantenerse activos en las universidades. Sin contar el gran número de comunidades en México que carecen de esta infraestructura básica.
Carlos Iván Moreno, coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara, alertó respecto a que es la primera vez en veinte años que la matrícula en la educación superior disminuyó, así como también las y los estudiantes de nuevo ingreso. Así, miles de jóvenes y adultos se integraron al mercado laboral sin contar con la trayectoria académica y técnica necesaria que pide el mercado para obtener salarios dignos. El presupuesto neoliberal para la educación pública los convirtió en carne de cañón por la pauperización de sus salarios y, por tanto, de sus posibilidades de movilidad social. Las universidades públicas, como cualquier ente de gobierno o empresa privada sufren las consecuencias de la falta de inversión perdiendo competitividad contra sus pares privados y con la competencia, respectivamente.
Más allá de los dichos, de los argumentos breves y polarizantes que vierte el Presidente en las mañaneras, objetivamente, existe un grave problema en la educación en México que va más allá de los planes de estudio o los posicionamientos políticos de sus comunidades. Sin la suficiente inversión en educación superior e investigación básica, una pujante movilidad social hasta ahora enmohecida y oxidada de la 14va economía mundial será más difícil, sino imposible, de alcanzar. Veremos si la deuda histórica con el proyecto educativo mexicano despega o languidece bajo auspicio de la llamada 4ta transformación.
Académico de la Universidad de Guadalajara
